Un Ejecutivo sin oposición ni contrapesos

En el bloque político conformado por medios de comunicación tradicionales, diversas ONG marxistas, bufetes de abogados y encuestadoras, el bloque que encabeza el presidente Martín Vizcarra, se celebra la conversión de la mayoría absoluta de Fuerza Popular en una mayoría relativa y la renuncia de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación. Y se celebra con el argumento de que ahora sí habría llegado el momento de la gobernabilidad y de las reformas. Sin embargo, las cosas son más complicadas de lo que parecen. ¿Por qué?

Desde que se propalaron los CNM-audios, el mencionado bloque se subió a la ola de “la lucha contra la corrupción” que, de una u otra, se convirtió en la envoltura de los gravísimos errores que cometió Fuerza Popular. La nítida mayoría que encabezó Vizcarra sentenció anticipadamente a Keiko Fujimori y a los dirigentes de Fuerza Popular, y ahora ellos están detenidos por tres años —con decisión de segunda instancia—, solo con una investigación preliminar. Todo indica que algo parecido sucederá con Alan García, a menos que el Apra, como se dice, haga política. Y lo mismo parece que pasará con Pedro Chávarry, el ex fiscal de la Nación, que se atrevió a desafiar al señalado bloque que lidera Vizcarra.

¿Qué sucederá cuando “los corruptos” sindicados por la coalición que lidera Vizcarra ingresen a la cárcel? ¿La ola “anticorrupción” que levantaron acaso desaparecerá? ¿La ciudadanía acaso no mirará a quienes gobernaron con corrupción en las últimas dos décadas; es decir, a Humala, PPK, Toledo y Villarán? ¿No se cuestionará la situación de las empresas consorciadas de Odebrecht y la impunidad que gozan algunos dueños de medios de comunicación? Si no hay un nuevo escenario, la ola se volteará en contra de quienes la crearon, y seguro que llegará un nuevo momento de retaliaciones políticas.

Más allá de las diferencias, Alberto Fujimori —al igual que Vizcarra— lideró a una mayoría abrumadora en “la lucha contra la corrupción”. El ex jefe de Estado se convirtió en la encarnación de esa lucha anticorrupción, intervino las instituciones del sistema de justicia, judicializó y encarceló a los opositores y alcanzó una gran popularidad, sostenida a lo largo de una década. Pero la popularidad de Fujimori por más de una década solo tiene una explicación: las reformas económicas, sociales y políticas que desarrolló. Cualquiera puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese proceso, pero negar los hechos es caer en ceguera.

La conclusión, entonces, se cae de madura. Desorganizada Fuerza Popular y acabada la resistencia en la Fiscalía de la Nación, el presidente Vizcarra se queda sin oposición y sin contrapesos. La cacería de Alan García, que estaría a punto de iniciarse, solo da para un capítulo más de la novela anticorrupción. Por todas estas consideraciones, Vizcarra está más que obligado a hacer reformas. Pero no las reformas efectistas del referéndum, que tarde o temprano serán revisadas, sino aquellas que transformen el país: la reforma laboral, el relanzamiento de las inversiones en infraestructuras, las transformaciones del sistema educativo y de salud, entre otras.

Semejante tipo de reformas solo pueden prosperar si el jefe de Estado piensa en gobernabilidad y legado. Es decir, si utiliza este momento para convertirse en un estadista, y no solo en un político intuitivo que construyó un momento arrinconando a sus opositores. Y la única forma de hacerlo es conduciendo las debilitadas y semiderruidas instituciones republicanas sobre la base de las convergencias, los entendimientos.

Si el jefe de Estado opta por un camino diferente se volverá más evidente la estrategia de control de las instituciones para tentar la reelección en el 2021. Ese camino no tiene que ver con reformas de fondo y gobernabilidad, sino con “las reformas efectistas” que generan popularidad.