LA COLUMNA DEL DIRECTOR >
Más allá de la censura
Luces y sombras en el sector Educación
Si un ministro es la causa de un eventual choque de poderes que podría derribar el primer Gabinete de una administración entrante, que podría desencadenar una posible disolución del Congreso, que podría bloquear a la misma democracia en caso de que la mayoría legislativa disuelta vuelva a ganar las elecciones, ¿qué debería hacer ese ministro? Es evidente que su compromiso con la democracia debería impulsarlo a dar un paso al costado al término de la distancia.
Sin embargo Saavedra no lo hace, quizá porque su formación tecnocrática y el ensimismamiento que debe haber producido la uniformidad mediática alrededor de su gestión le impide observar la magnitud de los hechos. Cuando la democracia está en cuestión no hay demócrata que pretenda permanecer en el cargo. En el gobierno no se renuncia a Saavedra en espera de los resultados de las encuestas y la marcha de hoy. Los sondeos ya empiezan a ser adversos para el titular de Educación.
Ahora bien, más allá de los temas de la interpelación alrededor de la corrupción en la compra de computadoras y en los Juegos Panamericanos, un sector de peruanos se pregunta el porqué del impulso fujimorista en contra de Saavedra, el porqué de las evidentes injusticias contra él en la interpelación, no obstante los logros que el Perú obtiene en educación desde que el 2006 se iniciara la reforma meritocrática en la docencia.
Cuando uno pregunta por estos temas en diversos sectores naranjas se señala que el presupuesto de Educación, que se incrementó en 50% desde hace tres años, no solo ha servido para mejorar la educación sino para crear el paraíso de las consultorías de izquierda y para desarrollar una estrategia de inversión publicitaria estatal en medios de comunicación que no se conocía desde los años noventa.
Si estas imputaciones son verdaderas, entonces, se deberían demostrar ante la opinión pública, no solo para explicar el envión opositor contra Saavedra —que se aceleró con las recientes denuncias de corrupción—, sino también como una manera de seguir perfeccionando nuestro sistema democrático y la sociedad abierta que todos estamos empeñados en construir. ¿Por qué? Porque si se confirman, entonces, estaríamos ante un experimento estatal que colisiona con una sociedad democrática y el equilibrio de los actores en general.
Siempre vale recordar que el nadinismo envileció la política judicializando las relaciones con la oposición, convirtiendo el espacio público en un teatro de acusaciones y tribunales, y desarrollando un aparato de prensa y propaganda que se dedicó a demoler a los rivales y a pretender uniformizar a la media. ¿Qué sucedería si fujimoristas y apristas demuestran que el Minedu también fue un paraíso de las consultorías de izquierda y que se desarrolló una inversión publicitaria desmedida en medios? Bueno se demostraría que junto a la estructura tecnocrática del Minedu hubo una estructura paralela con influencia del nadinismo.
El fujimorismo y el aprismo, pues, tienen la enorme responsabilidad de documentar estos hechos no solo para legitimar sus acciones de control político, sino también para empezar los correctivos que requiere con frecuencia una sociedad abierta.
Quienes conocen a Saavedra y quienes saben de su valía tecnocrática niegan este tipo de imputaciones que provienen de la oposición. Sin embargo la manera como Saavedra se niega a renunciar, participando de las estrategias que pretenden acelerar un choque de poderes, en realidad, también nos indican que es un tecnócrata influenciado por un entorno —extraordinariamente eficaz en uniformizar a la media— que hace política y que tiene objetivos meridianamente claros. Lo que ha sucedido es que el fujimorismo también hace política y comienza a parecerse -para bien o para mal- al aprismo del siglo pasado.
Por Víctor Andrés Ponce
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