La libertad de Keiko y el debido proceso

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar a Keiko Fujimori de una prolongada prisión preventiva restablece el principio de presunción de inocencia y el debido proceso consagrados en la Constitución, y el respeto a las resoluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el tema. Asimismo, el TC también honra el último pleno jurisdiccional de la Corte Suprema sobre las prisiones preventivas. No hay nada más. 

La decisión del TC no se pronuncia sobre la culpabilidad o la inocencia de Keiko, sino sobre un principio básico de la civilización: la regla es que los acusados sean procesados en libertad hasta que se emita la sentencia. Sin embargo, en el Perú la polarización y la guerra entre el fujimorismo y el antifujimorismo han convertido la judicialización del adversario y el encarcelamiento del rival en un instrumento de lucha política. Ese criterio debe terminar para siempre.

Algo parecido sucede con el caso de los árbitros. Se ha establecido una prisión preventiva de 18 meses sobre la base de dichos de terceros sin corroborar y considerando supuestos sobornos no confirmados. Los casos de Fernando Cantuarias y Humberto Abanto son reveladores. En el caso de Abanto, por ejemplo, se le imputa haber pagado una hipoteca con los supuestos pagos, no obstante que el mencionado abogado debe cancelar la obligación con el banco hasta el 2037.

A nuestro entender, es hora de voltear esta negra página de nuestra historia republicana, en que la judicialización extrema del rival se convirtió en un instrumento político. Y es hora de voltear la página, incluso, como una especie de auto salvación de lo que resta de comunidad política. Siempre vale recordar que, en la historia, los “judicializadores” de hoy suelen convertirse en los “judicializados” de mañana, dependiendo de las correlaciones políticas.

Algo más. Una de las condiciones para construir instituciones republicanas que perduren es alejar a las instituciones de justicia de la corrupción, pero también de la politización. El uso político de la justicia convierte a las entidades de justicia en un campo de batalla donde se engrosa la mediocridad y la correspondiente corrupción.

Pero también es hora de voltear esta página de la extrema judicialización de la política por un criterio mínimo de sobrevivencia. El Perú hasta hoy se viene salvando de los estallidos sociales que estremecen a los países vecinos por una serie de circunstancias.

¿A qué vamos? Un estallido social en el Perú buscaría terminar en una constituyente al estilo chileno y representaría el triunfo de las estrategias comunistas y colectivistas. La polaridad fujimorismo versus antifujimorismo, que algunos intentan perpetuar, esconde la verdadera amenaza contra el Perú: el proyecto comunista, estatista, colectivista, que pretende pulverizar el "modelo neoliberal".

Es hora, pues, de razonar, de dar un paso atrás y arriar banderas. Es hora de entender que ni los fujimoristas ni los apristas serán borrados de la faz de la tierra, ya sea por judicializaciones o por demonizaciones. Al contrario, la guerra política sin cuartel evita la reforma de los sistemas políticos, bloquea el surgimiento de derechas e izquierdas modernas.

En este contexto la decisión del TC de liberar a Keiko tiene una enorme significación pese al odio de las minorías colectivistas.