¿Elegir seis miembros del TC o constituyente?

Todos los núcleos comunistas y caviares que alientan el asalto plebiscitario de las instituciones republicanas se han declarado en guerra contra la decisión de la mesa directiva del Congreso de elegir a los seis miembros del Tribunal Constitucional (TC), que ejercen la función no obstante que sus mandatos han expirado varios meses atrás. En noviembre del año pasado el presidente del TC, Ernesto Blume, envió una carta al entonces titular del Legislativo solicitando que se inicie el proceso de elección —de acuerdo a ley, debe ser seis meses antes de expirar el mandato— de los magistrados Ernesto Blume Fortini, Manuel Jesús Miranda Canales, Carlos Augusto Ramos Nuñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianella Leonor Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña. Sin embargo, Daniel Salaverry no movió una ceja.

¿Cuál es el argumento del sector que le exige al Congreso no elegir a los seis integrantes del TC? Que el actual Legislativo no tiene legitimidad, que los congresistas han perdido el apoyo del pueblo, que el Legislativo actual está en veremos con la propuesta del adelanto general de elecciones.  Para condimentar esta estrategia se soltó un audio sin mayor trascendencia —con la conocida estratagema de linchar al adversario— en el que se comunican César Hinostroza y una magistrada designada para la elección del TC. Si por ese audio se desembarca a un candidato al TC, entonces, se tendría que proceder a acusar constitucionalmente al juez supremo, César San Martín, quien dialoga con un personaje más cuestionado. Sin embargo, el asunto fue archivado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, porque no hay delito.

¿Qué hay, pues, más allá de los pretextos y argucias planteadas para impedir la elección de los miembros del TC? La cosa es simple: los sectores comunistas y caviares —que han gobernado con Toledo, Humala, Villarán, PPK y Vizcarra, sin presentar programas, ni formar partidos ni ganar elecciones— han convertido el control de instituciones tutelares de la República en el centro de su estrategia de poder. En este contexto, el TC resulta la instancia final del sistema jurisdiccional: cambió una resolución a favor de nuestros marinos en una en contra. El procedimiento: interpretaron el voto de un ex magistrado del TC que no podía opinar por enfermedad. Este evidente inconducta —por decir lo menos— pasó en medio de la feroz polaridad política.

Igualmente, estos sectores convirtieron al TC en un virtual Senado y el poder institucional último de la República: declaró la inconstitucionalidad parcial de la ley sobre bancadas y se pronunció sobre la cuestión de confianza y los conflictos Ejecutivo - Legislativo. De allí, entonces, la histeria frente a la inminencia de la renovación del TC.

La campaña comunista-caviar revela la desesperación frente a la reacción institucional de la amplia convergencia republicana que ha surgido en el Legislativo. En ese sentido si esta nueva mayoría institucional del Congreso acepta las presiones y las estrategias de demolición de algunos medios en contra de la elección de los miembros del TC, en la práctica, estaría decretando los funerales de la actual Carta Política. ¿Por qué? Si la Constitución no sirve para elegir a la casi totalidad de los integrantes del TC, una institución sin la cual no funciona el engranaje institucional de la República, la pregunta sería, ¿para qué entonces, sirve la Carta Política?

Si el Congreso acepta las presiones de estos sectores la falta de legitimidad de la Constitución sería tan evidente que, en la práctica, estaríamos ante el prolegómeno de la convocatoria a una constituyente. Es decir, la liquidación de la actual experiencia republicana no solo sería responsabilidad comunista-caviar sino, principalmente, del nuevo bloque mayoritario que ha surgido en el Congreso.