Cierre unilateral de minas agrava crisis política

Luego del cierre unilateral de cuatro minas –contraviniendo la Constitución, las leyes nacionales y el respeto a los contratos– que anunció la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, ¿acaso alguien duda de que la administración Castillo es una estatista, colectivista y anti inversión privada? Dudar en este caso sería ofensivo. El Perú tiene un Ejecutivo anti inversión.

Luego de la convocatoria a una asamblea constituyente, de los anuncios de la nacionalización del gas y los recursos naturales, de la propuesta de la segunda reforma agraria sin agroexportaciones, de las proclamas del fin de la carrera magisterial, el cierre unilateral de cuatro minas sin consultar con las empresas y sin respetar los contratos es como el tiro de gracia a las esperanzas de reactivación económica en el 2022. Se han eliminado las posibilidades de crecimiento de la inversión privada.

El Perú entonces tiene un Gobierno, un Ejecutivo, que hace anuncios de política económica y asume decisiones (como el cierre de minas) en contra del ordenamiento de la Constitución Política. Según nuestro texto constitucional, la propiedad privada y los contratos están por encima del Estado y los políticos. El presidente Castillo y la PCM Vásquez no creen en esos principios y actúan fuera del texto constitucional.

El otro gran problema es que –frente a esta arremetida contra el sector privado, los mercados y el crecimiento– el Congreso aparece muy distante. La labor legislativa parece focalizada en mantener el equilibrio de poderes y algunos asuntos vitales para las instituciones (como la elección de los directores del BCR), pero se ignora que la feroz ofensiva anti inversión que lanza el Ejecutivo tiene efectos inmediatos.

El Congreso no intenta responder a esta ofensiva anti privada y no envía señales a los mercados nacionales o internacionales, informando que, si bien el Perú hay un gobierno colectivista y anti inversión, semejantes políticas no pueden prosperar porque las instituciones (entre ellas el Congreso) se rigen por una Constitución que consagra la primacía de la propiedad privada.

Ante esa falta de respuesta, las posibilidades de crecimiento de la inversión privada en el 2022 se desploman y el Ejecutivo comienza a ganar en su apuesta por la asamblea constituyente. ¿Por qué? La ralentización del crecimiento aumentará la pobreza y legitimará el relato sobre “el modelo neoliberal que excluye y empobrece”.

Ante el cierre unilateral de minas, entonces, el Congreso debería derogar las leyes que buscan lentificar el crecimiento. Por ejemplo, se debería derogar la ley sobre las llamadas cabeceras de cuenca, que establece la posibilidad de prohibir la minería encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que pone en jaque al 80% de las minas del Perú. 

Igualmente, el Legislativo debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria, una de las mejores leyes económicas de las últimas décadas –un verdadero motor antipobreza– que fue derogada absurdamente por el anterior Congreso (conducido por Mirtha Vásquez) y la administración Sagasti.

El mensaje debería ser claro. Si bien hay un gobierno colectivista, influenciado por corrientes comunistas y progresistas, las instituciones del sistema republicano siguen funcionando con respeto absoluto de la Constitución, las leyes y los contratos.

De lo contrario, la estampida de capitales de ciudadanos y empresas no cesará. Es, pues, hora del Congreso. De lo contrario no hay salida y todo implosiona.