Vizcarra obligado a dialogar

Después de la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de archivar el proyecto de adelanto de las elecciones generales, el presidente Martín Vizcarra está en la obligación patriótica y democrática de aceptar la propuesta de diálogo que le ha planteado más de una vez el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

Tras la trascendental decisión del Congreso, sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que el Ejecutivo no iba a permitir la medida, dejando entrever que se tomarían medidas al respecto. A pesar del archivamiento en mención, el escenario político siguió tenso y enrarecido, y los puentes que se habían establecido entre el propio Del Solar y Olaechea, al menos hasta entonces, parecían dinamitados.

En este contexto, la interrogante que inevitablemente surge es hasta cuándo la situación institucional, política, económica y social de la República seguirá deteriorándose. ¿Hasta que no quede resto institucional que reconstruir? ¿Hasta que el deterioro económico se convierta en el preludio de un nuevo ciclo estatista y populista que arrase con todos los activos económicos y sociales logrados en las últimas tres décadas? 

El presidente Vizcarra debería entender, por ejemplo, que este año el Perú crecerá menos de 2.5%, y lo más probable es que se vuelva a aumentar pobreza. Vale precisar que los economistas señalan que el Perú requiere crecer por lo menos 4% para absorber la demanda de empleo de más de 300,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía. Y si consideramos que el bloqueo político tendrá un efecto devastador en el crecimiento del 2020 —se paralizan inversiones de mediano y largo plazo— las cosas se ponen más que sombrías para el futuro de la República.

Por todas estas razones, el jefe de Estado debería ser el más interesado en convocar a un diálogo para buscar una salida a este empantanamiento político que está aniquilando a la República. Y el jefe de Estado debería evaluar esta posibilidad no solo tomando en cuenta la situación de los más de seis millones de peruanos pobres, sino también porque es la única salida decorosa para la crisis política que él ha generado con la iniciativa del adelanto general.

Hasta hoy el presidente Vizcarra ha venido actuando al filo de la Constitución y, en algunas ocasiones, abiertamente en contra de ella, tal como sucedió cuando se comprometió a anular la licencia de construcción de Tía María, cuando llamó a la ciudadanía a movilizarse en contra del Congreso y con el reciente proyecto de adelanto electoral, que pretende alterar los cronogramas establecidos para el Ejecutivo y el Legislativo en nuestra Carta Política. Semejantes conductas deben cambiar luego del archivamiento del adelanto general.

Como bien ha dicho el titular del Legislativo: todo con la Constitución, nada sin ella. El presidente Vizcarra, pues, debe retornar a los cauces constitucionales y aceptar el diálogo que le ha planteado la oposición.