Si no se ejecuta libertad de Fujimori, ¿puede haber Estado de derecho?

El indulto al expresidente Alberto Fujimori es un acto presidencial absolutamente constitucional y que ha cumplido todos los procedimientos legales establecidos en nuestro Estado de derecho.  Eso es algo tan evidente e incuestionable que el Tribunal Constitucional (TC), el máximo intérprete de la Constitución, ha señalado la constitucionalidad de la gracia presidencial. Unas horas atrás, el TC señaló que el habeas corpus a favor de Fujimori es una sentencia “final y válida”, y ordena al Poder Judicial autorizar la libertad del expresidente Fujimori.

Sin embargo, el gran yerro del TC fue no ejecutar directamente el habeas corpus a favor de Fujimori, como corresponde en estas acciones de garantía constitucional vinculada a la libertad de las personas. Si el TC hubiese procedido a ordenar la liberación de Fujimori habría producido un pleno restablecimiento del Estado de derecho que, en las últimas décadas, ha sido quebrado por las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los procesos y sentencias en asuntos vinculados a los Derechos Humanos.

¿Por qué sostenemos que el Sistema Interamericano ha quebrado el Estado de derecho del Perú? En los últimos tiempos la mediocridad y politización de los magistrados y funcionarios del sistema interamericano ha llevado a los tribunales y dependencias derivadas del Pacto de San José a priorizar los asuntos ideológicos. En la práctica, la Corte IDH ha perdido el balance que debe tener todo sistema de justicia, y nadie exagera cuando se sostiene que la Corte IDH y la Comisión IDH defienden abiertamente las causas de la izquierda. Y en el caso, del Perú, de los sectores vinculados al terrorismo y la violencia.

En el tema de Fujimori la posición de la Corte IDH promueve una barbarie jurídica que, en determinados momentos, evoca los peores momentos de la justicia soviética. La Corte, de una u otra manera, sostiene que no se puede aplicar el indulto a Fujimori porque el mandatario habría sido condenado por delitos de lesa humanidad. Cuando se sucedieron los delitos por los cuales Fujimori ha purgado más de 12 años de sentencia, en nuestro ordenamiento jurídico no estaban vigentes los delitos de lesa humanidad. Vale recordar que la tipicidad de la lesa humanidad solo se establece a partir de la firma de la Convención de Roma, a inicios del nuevo milenio.

Uno de los principios del derecho penal en cualquier democracia, en cualquier sistema republicano en el que las garantías constitucionales de los ciudadanos se respetan ante el Estado o cualquier poder foráneo (en este caso la Corte), se basa en el principio de nullum crimen nulla poena sine lege; es decir, no hay delito ni hay pena sin ley previa. El principio de tipicidad es lo que diferencia a las democracias, a las sociedades abiertas, con respecto a cualquier régimen totalitario, ya sea en sus versiones bolcheviques, fascistas o bolivarianas.

En el Perú, en las instituciones del sistema de justicia, se ha venido procesando al expresidente Fujimori y a los militares que enfrentaron el terror senderista en nombre de todos los peruanos con una tipicidad que no es posible de aplicar: los delitos de lesa humanidad. El vía crucis de nuestros marinos que debelaron el motín del Frontón en nombre de todos los peruanos es paradigmático.

En el derecho penal democrático es imposible la retroactividad en los tipos penales. De lo contrario, la democracia se convertiría en autocracia y arrasaría con las garantías constitucionales de los ciudadanos, principio irrenunciable en cualquier sistema republicano en donde existan garantías constitucionales y equilibrio de poderes.

El expresidente Fujimori, entonces, ya debería estar en libertad desde hace varios años. Sin embargo, el legalismo y el constitucionalismo progresistas, a través de intensas campañas mediáticas, han doblegado la voluntad de las instituciones de justicia ante los tribunales ideologizados de la Corte IDH. Frente a estos hechos, estremece la crueldad de las corrientes progresistas y comunistas ante un anciano en situación de enfermedad terminal. No hay manera, pues, de recuperar el Estado de derecho si no se materializa la libertad de Fujimori.