¡Se restablece el equilibrio de poderes!

La mayoría republicana del Congreso aprobó, por 79 votos, insistir en la ley que regula el uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. Y con esa decisión se ha restablecido el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, grabado en piedra en la Constitución Política del Perú. 

Como todos sabemos el Congreso aprobó la ley que estableció –interpretando la Constitución– que el Ejecutivo no podía utilizar la figura de la confianza con respecto a las funciones exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo. Por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, los procedimientos de reforma constitucional y los mecanismos de control político. Sin embargo, el Ejecutivo observó la norma aprobada.

¿Por qué la observación? ¿Acaso se pretende plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto de reforma constitucional para instalar una asamblea constituyente? ¿Acaso se pretende impedir la urgente y necesaria elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Se pretende nombrar ministros –sin calificaciones mínimas– con absoluta irresponsabilidad y evitar que el Congreso desarrolle control político?

La sola observación de la ley y la defensa cerrada de Perú Libre, el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) y el Gabinete Vásquez revela que las corrientes comunistas ortodoxas y ciertos sectores progresistas están unidos en los grandes objetivos: cerrar el Congreso e instalar una constituyente. Si no fuese así, el Ejecutivo estaría construyendo puentes y espacios de acuerdos con la oposición para desarrollar políticas públicas de amplia convocatoria.

Una de las condiciones para forzar una constituyente es cerrar el Congreso mediante el abuso de la figura de la confianza de parte del Poder Ejecutivo en contra de atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso. El objetivo: obligar al Congreso a negar la confianza en dos ocasiones para posibilitar que se presente la figura de una eventual disolución de la asamblea. 

Hasta hoy todos los actos del Gobierno están encaminados en función del objetivo de instalar una constituyente: el anuncio presidencial de promover la propia constituyente, la designación del cuestionado e inaceptable Gabinete Bellido, el anuncio de la nacionalización del gas, el lanzamiento de “una segunda reforma agraria” con exclusión de los agroexportadores, la propuesta de industrializar “la hoja de coca” y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela.

Todos estos hechos nos señalan que la minoría que llegó al poder avanza hacia la guerra total, con objeto de cerrar el Congreso e instalar una constituyente. ¿Se puede dudar frente a lo que es evidente ante el primer golpe de vista?

La única manera de evitar esta dramática coyuntura pasa por que el presidente Castillo anuncie que –ante la destrucción de la economía nacional, el desplome de la inversión privada y el aumento de la pobreza– el Ejecutivo ha decidido archivar la propuesta de la constituyente que desorganiza y devasta al país. El anuncio no puede demorar más y, casi estamos seguros de que el Gobierno lo hará cuando enfrente una polarización final. En cualquier caso, todos somos libres de avanzar hacia las derrotas.

Por todas estas consideraciones, la decisión de la sólida mayoría republicana del Congreso de insistir en la ley que regula la cuestión de confianza es un paso decisivo en la defensa de la Constitución y las libertades. Es una clara notificación acerca de que la mayoría del país no aceptará una constituyente que busca entregar todo el poder a 100 ó 200 asambleístas de Perú Libre y el Movadef; incluso, el poder para disponer la propiedad y los ahorros de las familias peruanas.

Aplausos generales para el Congreso, entonces, por insistir en una ley que restablece el equilibrio de poderes y defiende la Constitución y las libertades generales.