¡Salvemos la República y el modelo económico!

Ahora que contemplamos que las corrientes colectivistas avanzan en Bolivia y Chile –ya sea mediante triunfos electorales resonantes o a través de la insurrección prolongada (en las principales ciudades chilenas)–, es urgente analizar la crisis institucional, política, económica y social que afecta a nuestra República. El objetivo de este análisis: preservar a cualquier costo los avances institucionales, económicos y sociales.

Por las denuncias que se acumulan en contra del presidente Vizcarra y la crisis de gobernabilidad que se desata no se puede poner en peligro la continuidad institucional de las últimas dos décadas, que se expresa en cuatro elecciones sucesivas sin interrupción. Por la incapacidad de las principales bancadas del Congreso para empinarse sobre la guerra política de destrucción institucional y el populismo que arrasa con los mercados y los incentivos para la inversión privada, tampoco se puede empujar al borde del abismo a un modelo económico que ha posibilitado triplicar el PBI, reducir pobreza del 60% de la población a solo 20%, convertir a nuestra sociedad en una de ingreso medio y lograr el mejor momento económico y social de nuestra historia republicana.

La idea de preservar los avances institucionales y económicos y sociales de ninguna manera significa desconocer las inmensas injusticias y déficits que sigue acumulando nuestra sociedad, mayoritariamente informal. De ninguna manera. Pero los avances obligan a reconocer que nunca estuvimos mejor y que la estabilidad institucional y económica solo tiene una explicación: la continuidad de las libertades políticas y económicas.

¿Por qué hacemos estas afirmaciones? Porque las denuncias contra el presidente Vizcarra han desatado un nuevo proceso de vacancia en el Congreso, esta vez invocando la incapacidad moral para ejercer la primera magistratura de la Nación. Ante esta situación solo nos queda ratificar aquel aserto que se suele invocar en todas las tradiciones republicanas en momentos límites: ¡Todo con la Constitución, nada sin ella!

Hoy, por los cuestionamientos al jefe de Estado, el nivel de deterioro de las instituciones, la crisis de gobernabilidad y la megarrecesión que, por primera vez en treinta años, entrecruza la crisis económica con las de las instituciones y la política, sin lugar a dudas, se puede afirmar que la actual experiencia republicana está cerca a un precipicio. Si las instituciones y los actores no deciden con sabiduría, pondremos en peligro las elecciones del 2021 y la continuidad del modelo económico y social, tal como ha sucedido en Venezuela y acaece en Chile y Bolivia.

Si los actores convierten a la Constitución en el texto sagrado para tramitar la crisis política y de gobernabilidad, entonces estaremos en condiciones de superar la mayor prueba que ha experimentado la construcción republicana en las últimas dos décadas. A pesar del deterioro, podremos decir que la institucionalidad tuvo la suficiente resiliencia para superar el mayor desafío a que se puede someter a una experiencia democrática.

El Congreso acaba de aprobar el reglamento y el cronograma para elegir a los seis miembros con mandato vencido en el Tribunal Constitucional. Igualmente acaba de rechazar el llamado Acuerdo de Escazú –promovido por el globalismo marxista internacional–, que hubiese convertido al sistema republicano en un apéndice de una justicia supranacional controlada por las oenegés marxistas y las corrientes colectivistas anticapitalistas del planeta. ¡Extraordinarias noticias en medio de las tormentas, adversidades y nubarrones!

Que este tipo de decisiones se transformen en el preludio de una voluntad de afirmar las instituciones y la continuidad de un modelo económico y social que ha reducido pobreza como nunca en la historia. Y ese debe ser el espíritu que anime a todos los actores para resolver la crisis de gobernabilidad que desatan los graves cuestionamientos contra el jefe de Estado.