Reconstrucción en nada

Según ha reportado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el avance de la ejecución de la inversión pública cayó 19% entre los meses de enero y mayo del presente año. En los departamentos del norte, afectados por las inundaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño costero 2016-2017, el avance de la ejecución del gasto es terriblemente baja: Tumbes 20.2%, Piura 19.5%, Lambayeque 19.7%, La Libertad 17.5% y Áncash 12.9%.

En este contexto, llama poderosamente la atención que se pretenda plantear más intervención de los gobiernos locales y regionales en las obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC) en los 14 departamentos afectados por el fenómeno climático. Por este bajo desempeño, los pobladores denuncian que las obras no avanzan, que quedan inconclusas o mal hechas, o que no existen. Por la poca y hasta casi nula capacidad técnica y de gestión (el reporte lo demuestra), después de más de dos años y medio de los desbordes de los ríos, el avance de las obras de RCC es de solo 12.7%.

La primera autoridad de la RCC tuvo enormes dificultades durante su gestión por el protagonismo de las autoridades municipales y regionales. El manejo político de las obras de la reconstrucción es —para los alcaldes y gobernadores— una plataforma de popularidad que no pueden dejar pasar. También están los intereses de los proveedores locales, que asumen obras de envergadura sin el capital y la tecnología suficientes. Desde el primer momento el Ejecutivo debió empoderar con firmeza la gestión de su primera autoridad de la RCC. El fracaso estrepitoso de la administración de Pedro Pablo Kuczynski, y luego de Martín Vizcarra, debería motivar una reflexión de fondo.

En la primera etapa de la ARC se intentó que las unidades ejecutoras mantuvieran un nivel de ejecución de gasto del 75%, cosa que no sucedió, ni sucede hasta la fecha, según el reciente reporte del MEF. De acuerdo a los parámetros establecidos por el Semáforo de Ejecución Presupuestal (SEP) del instituto Crecer, la ejecución presupuestal por encima del 90% se califica como satisfactoria, entre 60% y 90% como regular, y debajo del 60% como insuficiente. ¿Con qué criterio técnico, entonces, se pretende plantear cambios en las normas para otorgarles a los gobiernos locales y regionales más responsabilidad en obras para las cuales no existe capacidad técnica ni de gestión?

La ejecución del gasto venía cayendo en las zonas donde se ubican las obras de RCC. Según el instituto Crecer, en 2018 la cartera de proyectos que manejó el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) —proyectos relacionados con la protección de valles y poblaciones rurales vulnerables ante las inundaciones— solo ejecutó el 3% de su presupuesto, de S/ 23.5 millones. Los proyectos de inversión del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) —responsables de gran parte de las obras de la RCC— solo alcanzaron un gasto menor al 10%. En 2018 el Estado, en todos sus niveles, dejó de ejecutar unos S/ 35,000 millones, monto que representa el 5% del PBI.

La propuesta inicial de Pablo de la Flor, primera autoridad de la RCC —de promover el empaquetamiento de las obras, de tal manera que las empresas especializadas, nacionales o extranjeras, asumieran la reconstrucción— hubiese impuesto un ritmo diferente al desarrollo de las obras. La dispersión en la ejecución de las obras ha servido para favorecer a los compadrazgos locales que, incluso, ejecutan sin mínimos criterios de eficiencia.

El Ejecutivo no tiene oídos para los reclamos de los pobladores afectados por las inundaciones de hace más de dos años. No parece haber preocupación en el Gobierno por el hecho de que más de 140,000 hectáreas de terrenos cultivables todavía estén sin producir por la falta o nula limpieza de los canales de regadío. Tampoco se atiende a la gente que todavía ocupa los módulos de viviendas temporales, desprovistos de agua potable y energía eléctrica. Nada de eso. El Ejecutivo consume sus energías guerreando contra el Congreso.