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Empleando antipropaganda y narrativas falaces
Días atrás (el viernes 7 de abril, para ser exactos) hubo una buena noticia en Chumbivilcas (Cusco): representantes del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local firmaron el Acta Final de la Mesa de Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas. La firma de este compromiso ratifica un plan de inversión de más de S/ 2,700 millones para la ejecución de diversos proyectos en la provincia. Cabe recalcar que la inversión estatal llega gracias al aporte de la inversión privada minera en la provincia. Las enormes contribuciones por responsabilidad social, así como el pago de impuestos, benefician directamente a la provincia. No obstante, el radicalismo antiminero (en contubernio o aprovechando la pasividad de algunas autoridades locales) viene preparando una nueva emboscada contra las inversiones mineras, sobre todo contra el proyecto Constancia, y pretenden “bajarse” el Acuerdo de Inversión para Chumbivilcas. ¿Qué está sucediendo?
En Chumbivilcas se encuentran algunas de los proyectos mineros más importantes del denominado Corredor Minero del Sur Andino, entre ellos Hudbay Constancia. Vale recordar que en noviembre pasado un sector minoritario de pobladores de Chamaca (distrito de Chumbivilcas), azuzados por líderes antimineros, tomaron de forma violenta las instalaciones del proyecto Constancia. Para solucionar el conflicto social se creó una Mesa de Diálogo integrada por representantes de la empresa Hudbay Constancia, autoridades locales (el alcalde distrital Walter Choquehuanca, entre ellos) y varios líderes sociales. La Mesa de Diálogo está en funcionamiento hasta ahora y en las próximas semanas se llegaría a algunos acuerdos.
Sin embargo, en los últimos días un grupo de conocidas organizaciones no gubernamentales —cuyo principal trabajo es asesorar política y técnicamente al movimiento antiminero en la provincia de Chumbivilcas— están organizando una nueva emboscada en contra de este proyecto minero. Derechos Humanos Sin Fronteras y Cooperacción son las instituciones que auspician la llegada al distrito de Chamaca de Jennifer Moore, coordinadora del programa para América Latina de una ONG internacional de origen canadiense llamada Mining Watch Canada (Alerta Minera Canadá, en español) cuya principal labor es vigilar a las empresas mineras canadienses en el mundo. Lo sorprendente de todo aquello es que Mining Watch Canada, en coordinación con el alcalde de Chamaca, Walter Choquehuanca, pretenderían desarrollar un taller para presentar un documental periodístico sobre las operaciones de “la empresa Hudbay a nivel global”.
Mining Watch Canadá ha remitido un oficio al burgomaestre Choquehuanca para la presentación del referido documental, que no tendría otro objetivo que desplegar antipropaganda y narrativas falaces en contra la compañía Hudbay a nivel mundial. Ahora bien, ¿por qué el alcalde Choquehuanca apoyaría esta nueva emboscada en contra de la inversión minera en plena negociación en la Mesa de Diálogo entre Constancia y el distrito? Honestamente, ¡no lo entendemos!
No es la primera vez que Jennifer Moore y Mining Watch Canada llegan a la provincia de Chumbivilcas. En abril del 2015 Moore visitó el distrito de Velille (Chumbivilcas) y realizó una ponencia criticando la “contaminación ambiental” y el “atentado contra los derechos humanos” de la minería. No obstante, la propuesta de Moore no fue bien recibida por los pobladores, que en aquel tiempo elaboraban una plataforma de lucha.
Habría que recordar algo importante: es imposible que alguna empresa minera contamine el agua porque operan con modernas tecnologías proambiente y todos sus procesos son supervisados, controlados y monitoreados por la OEFA, la ANA y otros organismos estatales. Además, para poder financiar sus proyectos, la banca global exige a las compañías que cumplan los estándares ambientales internacionales, de lo contrario no hay crédito. En el caso de Hudbay, se trata de una compañía minera global de origen canadiense, cuyo gobierno vigila de forma exhaustiva “la aplicación de los estándares de responsabilidad social corporativa y la contribución a la sostenibilidad económica en los países donde operan” (El País).
Pero también se debe recordar que estas organizaciones (Derechos Humanos Sin Fronteras, Cooperacción y otras) presentaron un libro llamado Metales pesados tóxicos y salud humana: el caso de Espinar, en cuyas páginas se afirma que la minería sería una de las principales causas de contaminación de las comunidades de Espinar. ¡Otra falsedad!
Estamos ante una nueva estrategia y emboscada del movimiento radical antiminero en contra de las inversiones mineras en el Corredor Minero del Sur Andino. ¿Qué quieren? Liquidar la minería para ralentizar la economía y conducirnos hacia el ejemplo del fracaso chavista.
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