Pataz: ¡Terror y muerte de la criminalidad contra la minería moderna!

Diversas proyecciones económicas señalan que este año la economía peruana crecerá menos de 1%, por la caída de la inversión privada y el consumo. La inversión privada descenderá más de 5%, sobre todo por la caída de la inversión minera en más de 18%. Es evidente que el desplome de la economía tiene que ver con el golpe fallido de Castillo y las campañas de las nacionalizaciones; sin embargo, la ausencia de nuevas inversiones mineras también tiene que ver con la renuncia del Estado de derecho a ejercer la ley y el orden en las regiones mineras.

Como todos sabemos, el Gobierno de Castillo alentó y promovió la violencia de los antimineros radicales contra la minería moderna. Allí está la grave situación del Corredor Vial del Sur y las minas emplazadas en la zona. Sin embargo, con ese tipo de decisiones también se alentó a la minería ilegal. Uno de esos casos más estremecedores se escenifica en Pataz, una de las doce provincias de la Libertad y con una de las producciones de oro más importantes del país. 

La provincia de Pataz y las actividades mineras de las empresas Poderosa, Aurífera Retama y Consorcio Horizonte son permanente amenazadas por la minería ilegal (no confundir con la minería informal) que explota el mineral en contra de las leyes y la Constitución. Convocados por los mineros ilegales aparecieron diversas bandas criminales, que utilizan armas largas y un poder de fuego de guerra, desatando un reino de terror, violencia y muerte contra la minería formal y moderna, la minería artesanal e , incluso, contra los propios ilegales que los contrataron en un inicio.

La acción de las bandas criminales nacionales e internacionales deja en claro que el gobierno central, el gobierno regional, el municipio, la policía nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial no han sido capaces de restablecer el Estado de derecho y la ley y el orden en la zona. En este contexto, ¿a alguien le sorprende la proyección de una caída de la inversión minera en más del 18%?

Minera Poderosa ha denunciado que en los últimos cinco años el distrito Pataz ha sido asaltado por delincuentes peruanos y extranjeros que se conocen con el nombre de “parqueros”, que actúan como una fuerza militar organizada perpetrando todo tipo de delitos a través del uso de armas de guerra. La señalada empresa también ha denunciado que en los últimos años siete de los colaboradores de la empresa han sido asesinados por la delincuencia organizada.

Las denuncias señalan que los delincuentes suelen tomar los campamentos mineros y obligan a trabajar varios días a los profesionales y trabajadores de las operaciones mineras en verdaderas condiciones de esclavitud. Las bandas criminales, como en las películas más violentas del Viejo Oeste, no solo roban, extorsionan y procesan ilícitamente la producción de oro, sino que perpetran actos terroristas volando torres de electricidad e incluso asesinan a quienes pretenden resistir a sus planes delictivos. Según algunas denuncias de la prensa internacional, en Pataz hay más de 80 cuerpos enterrados de los asesinados por el fuego de la delincuencia.

En este contexto, a la minería ilegal se suman una serie de lacras sociales: prostitución y trata de personas, delitos tributarios y robo a los recursos nacionales y destrucción del medio ambiente. Con la descripción de semejante escenario, ¿acaso alguien cree que la inversión minera moderna vuelva a fluir en el país? Con la inacción e indolencia del Gobierno de Dina Boluarte, ¿acaso no se percibe que se está alentando a que las bandas criminales tomen las zonas mineras?

Es hora, pues, de que el Ejecutivo y el Congreso tomen cartas en el asunto, se declare el Estado de emergencia en Pataz y se concentre todo el poder de fuego del Estado en la provincia para recuperar ese territorio para la Constitución, el Estado de derecho y la ley y el orden.