¡Monopolio estatal de vacunas y defensa de la libertad de prensa!

La presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, desmintió con vehemencia la información que se propaló en el programa del periodista, Beto Ortiz (en el canal Willax), acerca de la eficacia de la vacuna Sinopharm. El Ejecutivo refutó categóricamente la información proporcionada por la prensa; pero en el acto, anunció que en el Ministerio de Justicia, se estudiaban medidas contra los periodistas que propalaron la señalada información.

Sostenemos que la conducta del Ejecutivo es absolutamente inusual, no solo por la velada amenaza de la PCM contra la libertad de expresión, sino porque inmediatamente diversos sectores procedieron a denunciar a los periodistas, en un claro acto de amedrentamiento. En cualquier república o sistema democrático cuando un periodista propala una información que el Ejecutivo pretende refutar, el ministro del sector levanta el teléfono y desmiente la información. Y si no es posible esa reacción, al término de la distancia envía una carta notarial para exigir la rectificación. Pero de ninguna manera se guarda silencio por horas y luego se amenaza a los periodistas. Muy grave.

El problema de las vacunas Sinopharm solo tiene un responsable: la actual administración Sagasti que no se desmarcó con firmeza del llamado “Vacunagate”. Como todos sabemos, el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm comenzó a viciarse luego de conocerse una dádiva en vacunas para la élite gobernante –y sus familias– de la pasada administración Vizcarra y algunos ministros del actual Gobierno. El doctor Herberth Cuba, colaborador de El Montonero, acaba de señalar que, en ese contexto, el Ejecutivo debió convocar una auditoría internacional del ensayo clínico que dirigía la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). No lo hizo y, por el contrario, hasta hoy parece demostrar más interés en aferrarse a las medias verdades.

En este contexto, las dudas y especulaciones sobre el proceso de vacunación pueden agravarse. El Ejecutivo entonces debería reaccionar y proceder a convocar a una auditoría internacional del ensayo porque ni el Gobierno ni la UPCH tienen credibilidad en este caso. Igualmente, el doctor Cuba ha señalado que el Ejecutivo debería desarrollar pruebas aleatorias de anticuerpos neutralizantes –que pueden ser desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud– en los médicos, enfermeras y personal de salud que ha sido inoculado con las mencionadas vacunas. Con resultados positivos, se despejaría cualquier duda sobre la vacunación de la primera línea de salud.

A nuestro entender, esa es la manera como debe actuar un gobierno democrático, y de ninguna manera pretender crear culpables de la actual tragedia nacional en la prensa y los medios. De ninguna manera porque la libertad de prensa es la madre de todas las libertades.

De otro lado, una de las indudables conclusiones del escándalo de las vacunas es que la causa de todos los fracasos y de las especulaciones reside en el monopolio estatal de las vacunas que impulsa un Estado absolutamente fallido. La tragedia en la que nos ha sumido la pasada administración Vizcarra proviene de esa voluntad de monopolizar la estrategia sanitaria contra la pandemia, excluyendo a la sociedad, las iglesias, las Fuerzas Armadas y el sector privado.

Sin embargo, la administración Sagasti se empeña en mantener el monopolio estatal y bloquea adrede la movilización de la sociedad y los privados a favor de la adquisición de las vacunas. Cada semana, cada día, cada hora que pase sin convocarse a la sociedad y a los privados, será más evidente que el monopolio estatal en las vacunas del Estado fallido, conducido por la burocracia colectivista, es el principal responsable del fracaso de la política sanitaria y de la tragedia en el país.

¡Presidente Sagasti, rectifique, por favor!