Lo que está en juego en estas elecciones

La devastación que han causado al Perú las administraciones de Vizcarra y de Sagasti y el avance de la pandemia y la letalidad, puede llevar a un sector de la sociedad a pensar que la crisis institucional, política, económica, social y el aumento de la pobreza son consecuencias del modelo económico y social consagrado en la Carta de 1993. Finalmente, la muerte de miles de peruanos por falta de oxígeno, de camas UCI y de vacunas contra el Covid podría hacer que algunos acepten la tesis colectivista acerca de que el llamado “modelo neoliberal” causa esta tragedia.

Los relatos de los candidatos Verónika Mendoza, Yonhy Lescano y Pedro Castillo, apuntan a explicar la tragedia nacional como la consecuencia de un modelo económico, y proponen convocar a una asamblea constituyente para redactar una constitución anticapitalista. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar la falta de oxígeno, de camas UCI y de vacunas contra el Covid, si el Estado sigue gastando anualmente cerca de US$ 60,000 millones en los niveles de gobierno central, regional y local, y en empresas públicas? Esa suma es un poco menos que un tercio del PBI y representa una enorme cantidad para cualquier sociedad de ingreso medio. 

Igualmente, ¿cómo puede colapsar el sistema hospitalario en el Perú si el presupuesto de salud se incrementó –en cerca de una década– de S/ 2,300 millones a más de S/ 15,000 millones en el 2020? En otras palabras, si el presupuesto de salud aumentó en siete veces, ¿cómo la gente se puede morir sin oxígeno en la puerta de los hospitales? Cualquier estudiante de educación básica señalaría que sí hay tanto dinero, entonces, fallaron los burócratas y los gobiernos de turno. ¿O no? Y no se necesita ser demasiado inteligente para saber que los últimos gobiernos fueron los de Vizcarra y el actual de Sagasti, y que la mayoría de funcionarios de Salud –incluidos los ministros– militan con Verónika Mendoza.

En el Perú, pues, hay un Estado fallido, un Estado en ruinas que, no obstante tener enormes recursos, se cae ladrillo por ladrillo. La única explicación: la existencia de una burocracia ideologizada, frívola, indolente, que si no pudo cambiar el modelo es porque llegó al Estado sin ganar elecciones y porque, de otro lado, la Constitución evitó mayores despropósitos. Es esa misma burocracia, hoy inmunizada a escondidas contra la pandemia, que en nombre de la lucha entre ricos y pobres persiste en mantener el monopolio estatal de las vacunas.

Sin embargo, luego de sentar en el banquillo de los acusados al Estado fallido, surge otra pregunta: ¿por qué este Estado harapiento tiene tantos recursos? La respuesta es sencilla: la Carta del 93, que estableció el rol subsidiario del Estado con respecto al sector privado, que desreguló mercados, precios y el comercio internacional y que estableció la preeminencia de los contratos entre los privados, en las últimas tres décadas ha posibilitado el surgimiento del sector privado más poderoso de nuestra historia republicana. Ese sector privado provee el 80% de los ingresos fiscales del Estado y el 80% del empleo. Sin el aporte privado, entonces, y con el Estado fallido de la burocracia colectivista, el Perú estaría en franca disolución.

Pero no solo se trata de que el sector privado “para la olla” del Estado y la burocracia ineficiente. En las últimas tres décadas el PBI se triplicó, la pobreza se redujo del 60% a solo 20% (hasta antes de la pandemia) y nuestra sociedad se convirtió en una de ingreso medio. De pronto, las sociedades andinas que migraron a las ciudades no solo andinizaron la capital y todas las urbes, sino que se convirtieron en los principales productores y consumidores de un capitalismo emergente. El abismo entre el mundo andino y la sociedad criolla –que los primeros republicanos habían señalado como el gran problema a resolver, luego de la Independencia, así como también lo hizo la generación de intelectuales del novecientos– había sido superado por las migraciones y la economía de mercado.

Asimismo, el crecimiento económico, la reducción de pobreza y el avance y consolidación de las clases medias explican la continuidad republicana de dos décadas y las cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones; excepto la desinstitucionalización y el envilecimiento público que organizó la administración Vizcarra.

Claro que se puede argumentar que la informalidad es abrumadora y supera largamente a la formalidad, que la pobreza está allí y ha aumentado con la emergencia y la pandemia. Es verdad, pero una vez más, las causas no estarán en el modelo económico y social, sino en la existencia de un Estado fallido administrado por una burocracia indolente. Por ejemplo, la informalidad actual no se puede entender al margen del régimen tributario, laboral y las asfixiantes sobrerregulaciones, que inventan la burocracia para justificarse.

Por todas estas consideraciones el voto de los ciudadanos este domingo solo debe enfrentar la disyuntiva de continuar con el actual modelo o enrumbar hacia las fórmulas estatistas y colectivistas que causaron la tragedia del Perú en los años setenta y ochenta, y que explican la actual tragedia humanitaria en Venezuela.

Nunca debemos olvidar que, pese al Estado fallido y la frivolidad de la burocracia, nunca el Perú había alcanzado tales niveles de inclusión social, política y económica. A tal extremo que los pobres –pese a los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti– solo representan un tercio de la población. 

Igualmente, nunca se había presentado una continuidad institucional en que los más de 30 millones de peruanos ejercen el voto y tienen acceso a la propiedad. Por todas estas razones, el voto debe ser a favor de la continuidad del modelo y el fin del péndulo entre crecimiento y colectivismo. Así lo hicieron las naciones del norte y alcanzaron el desarrollo. A votar entonces a favor de las libertades política y económica.