La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
Uno de los megaproyectos de cobre más grande del mundo, Las Bambas, está en peligro de declararse paralizado por motivos de fuerza mayor. Sí, amigo lector, está a punto de detener sus operaciones la inversión minera que aporta cerca del 1% del PBI, que explica que el PBI de Apurímac haya crecido en 200% en cado uno de los dos años de operación minera, y que también explica que la pobreza en la región se haya reducido de un rango entre 53% y 57% de la población a otro de 33% y 36%. El motivo: el bloqueo de la carretera que se utiliza para transportar mineral hacia el puerto de Matarani.
¿Qué ha pasado para llegar a esta situación? Los argumentos van y vienen, pero nada justifica el nivel de convulsión social existente. Los sectores antimineros señalan que la eliminación del mineroducto —el sistema alternativo a la carretera para transportar el mineral— es la causa. Sin embargo, unos años atrás, las ONG antimineras y los sectores radicales exigían la eliminación del mineroducto como una condición para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. De otro lado, cuando Glencore-Xstrata vendió Las Bambas a MMG (empresa china) el mineroducto perdió su razón porque Antapaccay en el Cusco y Las Bambas en Apurímac ya pertenecían a dos empresas diferentes. Asimismo, se argumenta que la carretera levanta polvo a su paso por los poblados. No obstante todo el trazo de la vía al interior de las localidades está asfaltado.
Asimismo, los dirigentes radicales exigen S/ 100 millones como compensación para las comunidades por el paso de la carretera y también para la reubicación del poblado de Fuerabamba en Nueva Fuerabamba. Al respecto vale señalar que cada poblador recibió entre S/ 4 millones y S/ 1.5 millones por la reubicación, dependiendo el tamaño de los predios. Igualmente, los pobladores de Nueva Fuerabamba han formado empresas de transportes, de hotelería y de otros servicios, que contratan con la mina. De esta manera los habitantes de Nueva Fuerabamba se han convertido en una especie de clase media frente a las demás localidades.
¿Qué ha sucedido entonces en Las Bambas? Quizá para entender el fenómeno vale señalar que el municipio de Chalhuahuacho recibía del Estado alrededor de S/ 800,000antes de que Las Bambas entrara en operación. ¿Saben cuánto recibió en total durante los dos años de operación de la mina? Más de S/ 120 millones. ¿A qué vamos? La causa del conflicto reside en que la inversión minera ha generado islas de prosperidad (Nueva Fuerabamba, por ejemplo) rodeadas de sociedades pobres y atrasadas que parecen propias de siglos pasados. Es decir, el Estado (gobiernos central, regional y local) se ha llenado los bolsillos con los impuestos que han cobrado a Las Bambas, pero ha sido incapaz de redistribuir la renta minera —construyendo carreteras, escuelas, postas médicas— y de expandir el bienestar. En este contexto, aparece el antiminero radical y los tradicionales extorsionadores que buscan endilgar el fracaso del Estado a la empresa minera.
El Estado, el Ejecutivo, el Congreso y los políticos se han puesto de costado frente a esta terrible realidad. Es más, en el afán de evitar asumir su responsabilidad suelen justificar las olas violentistas que desatan los sectores antimineros. Pero se equivocan de cabo a rabo.
Si el proyecto Las Bambas es arrinconado por el extremismo radical, tarde o temprano todo el Corredor Minero del Sur pagará las consecuencias. La estrategia antiminera —tal como bloqueó las inversiones en el cinturón de cobre del norte— pretende paralizar las minas del sur (Las Bambas, Antapaccay, Constancia, entre otras) que producen cerca del 60% del cobre nacional. Y si el Perú detiene su producción de cobre la recesión económica tocará las puertas de la economía, y el 2021 se convertirá en un garbanzal de los sectores anticapitalistas. La batalla de Las Bambas, pues, es la batalla del Perú.
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