La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
El activismo antiminero está esperando que la mecha antisistema se encienda en las ciudades para que se bloqueen los ingresos a las minas y los despachos de concentrados del país. Todo lo imaginable puede suceder en esta epidémica convulsión latinoamericana, de la que Perú no es inmune.
No obstante, la realidad en las zonas mineras no es la imaginada por los citadinos. Hace más de 20 años, con la llegada de las inversiones de talla mundial, los poblados de la sierra se han transformado enormemente por el canon, sobrecanon y regalías mineras. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), entre 2009 y 2014 la pobreza se redujo de 85% a 50.7%. Y según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2018 las transferencias por canon a la provincia de Chumbivilcas aumentaron en cinco veces los presupuestos de los distritos de Livitaca, Chamaca y Velille.
Asimismo, por los múltiples convenios de colaboración que las mineras asumen por propia voluntad –dado el fracaso del Estado en la atención de la población–, desarrollan actividades vinculadas a educación, salud, medioambiente y economía de los poblados. Por ejemplo, la canadiense Hudbay firma acuerdos de cooperación anuales de hasta S/ 3 millones con las comunidades y autoridades locales de los distritos de Livitaca, Chamaca y Velille.
El cierre de mina de la mina Constancia, de la empresa canadiense Hudbay, ha sido ejemplar y ha servido para mejorar el paisaje natural alrededor de las operaciones mineras. En los cerros donde nunca antes existió vegetación hoy existen plantíos autóctonos y de altura. Los pobladores, organizados por la minera, formaron pequeñas asociaciones y ejecutaron los planes ambientales, un ingreso económico importante para quienes participaron en este proyecto. Este fue el inicio de un ambicioso plan para disminuir la desocupación en las zonas de influencia minera, propiciado por la canadiense Hudbay. Desde 2015, los pobladores apoyados por Hudbay, organizaron empresas familiares para ofrecer toda clase de servicios a la mina Constancia, desde hostelería, alimentación y transporte de personal hasta mantenimiento de todo tipo de equipos y maquinarias mineras. Desde entonces, una nueva clase media rural se asienta en la zona andina.
Reducidos grupos de pobladores, azuzados por los dirigentes marxistas, pretenden detener las actividades de cobre en el Corredor Minero del Sur (Arequipa, Apurímac y Cusco). El propósito político es detener el crecimiento económico y crear climas de violencia social para señalar que el sistema ha fracasado y que el socialismo es la única alternativa. No hay otra explicación. Los argumentos digitados desde las oenegés limeñas son una farsa. El movimiento antiminero inventa desencuentros entre los comuneros y las empresas, e inexistentes contaminaciones ambientales.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del sector Ambiente (Minam), vigila constantemente las actividades mineras para denunciar las irresponsables y los accidentes ambientales. No existen hechos relacionados con violaciones a las normas ambientales, como pretenden señalar, de manera maliciosa, los antimineros y las oenegés del ambientalismo ideológico.
La mala imagen de la minería, propiciada por estas oenegés y los medios de comunicación vinculados –porque el activismo antisistema organiza actividades para uniformizar el relato antiminero– corresponde al pasado. La minería tradicional y la estatal (Centromín, Minero Perú) no existen; en su lugar, numerosas empresas comparten sus tecnologías y la abundante experiencia de la ingeniería local es también transmitida al mundo.
El marxismo y la izquierda peruana no descansarán en sus afanes contra el desarrollo y bienestar de los peruanos. En este escenario, una de las maneras de evitar la desestabilización del país es entendiendo la importancia de las inversiones que reducen la pobreza, la informalidad y el desempleo.
COMENTARIOS