Horas negras para el Perú

La excarcelación del número dos y mando militar de la agrupación maoísta Sendero Luminoso, Osmán Morote —condenado a 25 años de prisión por ser parte del Comité Central de Sendero Luminoso—, y de Margot Liendo —condenada por dirigir atentados terroristas— ha provocado una vez más una enorme desazón en la población. Nuevamente el país vuelve a desconfiar de los actores nacionales encargados de la administración de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público y los procuradores del Estado, que no estuvieron —como debían— atentos para detener la posibilidad de excarcelación de los acusados por terrorismo. Actuaron con desidia al no encender a tiempo las alarmas para prevenir la situación.

De los condenados por delitos vinculados al terrorismo que fueron liberados de distintas cárceles del país, indignaron más los casos de Martha Huatay —dirigente de Socorro Popular, grupo de fachada del senderismo encargado de brindar auxilio legal y logístico a su militancia— y de Maritza Garrido Lecca, encargada de la protección del líder de la organización, Abimael Guzmán Reynoso, llamado “presidente Gonzalo“ y “cuarta espada del comunismo“ por sus seguidores.

Sin embargo, lo que ha hecho rebasar la paciencia de la población peruana son las expresiones de triunfo de la plana mayor del senderismo en el Penal de Ancón el día en que el colegiado de la Sala Penal Nacional, del Poder Judicial, ordenara el arresto domiciliario de Morote y Liendo, y un pago de caución de S/ 10,000. Sin remordimiento alguno por las más 30,000 víctimas ocasionadas por su demencial actuar subversivo, se dieron de abrazos y sonrieron victoriosos frente a las cámaras de los periodistas. Una afrenta al país que causa enorme indignación.

Si bien se respeta el cumplimiento de las condenas de ambos dirigentes del senderismo, lo cierto es que, en el caso de Morote, están pendiente los procesos judiciales denominados Soras, Tarata y Perseo. Por un Poder Judicial señalado por la población como corrupto y perezoso, el caso de Tarata (el coche bomba que explosionó y dejó numerosos muertos y enorme daño material) todavía no es resuelto, a pesar de los años transcurridos.

Al escenario de desprotección nacional del que somos víctimas todos los peruanos, por parte de quienes administran la justicia y el orden social en el Perú, se suma el doloroso recuerdo de quien fue el juez que sentenció a Osmán Morote en su primer proceso judicial. Se trata del juez César Ruiz Trigoso, quien luego fuera asesinado por un comando de aniquilamiento de Sendero Luminoso. “Dos días después de la sentencia“, asegura la ex procuradora Delia Muñoz.

En esos días aciagos para el país, no solo los policías, fiscales y jueces fueron amenazados por el senderismo para intentar obstruir la justicia en contra de los acusados por crímenes vinculados al terrorismo; sino que, además, las células de aniquilamientos de la organización criminal habían elaborado listas conteniendo el nombre de las personas que debían ser extorsionadas o asesinadas. La cúpula comandada por Abimael Guzmán organizó asesinatos selectivos, voladura de torres de alta tensión eléctrica, explosiones con coche bomba, secuestro y violación a las mujeres asháninkas y los llamados juicios populares en los poblados de la serranía, que comenzaron con horrendos actos de tortura y terminando en tiros de gracia en la sien de las personas.

Por entonces, la Universidad de Huamanga (Ayacucho) y la Universidad del Centro (Huancayo), se habían convertido en focos de adoctrinamiento y reclutamiento del militarismo senderista. Por ejemplo, en esos días de pólvora y sangre se sabía que cuadros políticos pukallactas fueron forzados a unirse al senderismo para salvar sus vidas.

Entre las 30,000 personas que fueron víctimas de tiros en la sien y mutilaciones por las torturas o cargas explosivas, se encuentran María Elena Moyano y Pascuala Rosado, valerosas luchadoras sociales que alertaron de extremismo asesino de Sendero Luminoso. En Huancayo fueron baleados un grupo de profesores del colegio Ramiro Villaverde por un contingente —según se supo— venido del Huallaga. Asimismo, entre los numerosos asesinatos selectivos, para impactar con el miedo a la población, estuvo el del alcalde izquierdista Saúl Muñoz y a los ex diputados por Junín Félix Ortega y Horacio Gago.

¿Cómo, entonces, no nos puede indignar la liberación de Morote y Liendo, autores de todos estos crímenes?