El segundo piso del modelo económico y social

La reforma desregulatoria del Gabinete Zavala

De los 112 decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo al amparo de la delegación congresal es incuestionable que lo más relevante está en el shock desregulatorio o de simplificación administrativa. Los objetivos son claros: organizar un estado amigable con los ciudadanos y las empresas, y eliminar la burocracia enemiga que ha surgido en los últimos quince años en el Perú. Entre los decretos mencionados, por ejemplo, se establece que los textos únicos de procedimientos administrativos de las instituciones del Estado tendrán que estandarizarse de acuerdos a criterios de simplificación administrativa, que los procedimientos innecesarios caducarán si no pasan una evaluación ante la autoridad, y que una demanda ciudadana contra una barrera burocrática será atendida con una sola resolución de Indecopi.

No es exagerado entonces sostener que estamos ante la reforma desregulatoria más importante luego de las reformas económicas de los noventa. Vale recordar que las reformas del fujimorato apuntaron a desregular los precios, a bajar aranceles y a terminar con el Estado empresario, que había creado una economía que solo desataba huecos fiscales e inflación. Semejante marco económico, incluso, fue consagrado constitucionalmente en la Carta de 1993.

Con el retorno de la democracia, el Perú avanzó en la firma de más quince tratados de libre comercio y se convirtió en una de las economías más abiertas de la región. Sin embargo, por diversas razones, la sobrerregulación se convirtió en una mala hierba que comenzó a ahogar la libertad económica, los preceptos constitucionales y las reformas de los noventa. La lentificación del crecimiento tiene mucho que ver con esta realidad. En este contexto, el impulso desregulatorio del Gabinete Zavala, incuestionablemente, es la mayor apuesta desreguladora desde los noventa.

Sin embargo no vaya a creerse que el Perú ha avanzado demasiado en todas las reformas de segunda generación que requiere para seguir creciendo a tasas altas y continuar reduciendo pobreza ¡Hay, hermanos, mucho qué hacer! Por ejemplo, es imposible que la reforma desregulatoria emprendida desarrolle toda su potencialidad si el país no emprende una reforma de la legislación laboral, entre las diez más costosas del planeta, y que explica que el 80% de la población laboral carezca de derechos sociales y también el alto nivel de informalidad de las pequeñas empresas.

El Ejecutivo ha anunciado que una comisión entregará recomendaciones en seis meses, de manera que el jefe de Estado pueda realizar anuncios el próximo 28 de julio. Todos los peruanos de buena voluntad deberíamos apostar a este objetivo y formar una clara mayoría nacional. Algo parecido debería suceder en cuanto a la reforma de la educación. No hay ninguna razón para que el Perú no procese un acuerdo nacional por la reforma meritocrática de la carrera docente, con el objeto de elevar la calidad de la escuela peruana con el aporte público y privado. No hay ninguna razón, lo repetimos, excepto el relato izquierdista que pretende demonizar el aporte privado.

El mismo sentido de convocatoria nacional debería primar para abordar los graves déficits de infraestructura que afronta nuestra sociedad.

El Perú es una sociedad de ingresos medios que atraviesa el mejor momento de su historia republicana, no solo por la continuidad democrática e institucional, sino porque el crecimiento ha sido inclusivo y ha reducido la pobreza como nunca. Sin embargo las sociedades de ingresos medios que no desarrollan reformas audaces para seguir creciendo a tasas altas, tarde o temprano, caen en una trampa y comienza a involucionar hacia el estatismo, tal como sucedió en Venezuela, Brasil y Argentina.