¡El relato antiminero hace trizas la Constitución y las leyes!

Luego del cierre unilateral de minas, al margen de los actuales retrocesos del Ejecutivo, ha quedado absolutamente claro que la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, es una de las principales representantes del radicalismo antiminero que ha causado un daño incalculable al país, sobre todo a los más pobres.

Considerando los niveles históricos que hoy alcanzan los precios del cobre (la libra sobrepasa los US$ 4.80) y la condición del Perú de segundo productor mundial del metal rojo, si se hubiese garantizado las inversiones de nuestra cartera de proyectos mineros (más de US$ 62,000 millones), hoy el Perú estaría creciendo por encima del 5% del PBI y estaría en condiciones de reducir la pobreza por debajo del 15% de la población (ahora cerca del 30%). Haber detenido proyectos de cobre emblemáticos, entonces, es un verdadero crimen social.

Un solo ejemplo: el proyecto Conga se bloqueó con un ramillete de leyendas y mentiras, con enorme protagonismo de la señora Vásquez. Incluso se desestimó un arbitraje internacional que viabilizaba la iniciativa. 

A partir de allí las minorías radicalizadas –que paralizan minas en base a violencia– bloquearon Conga y todos los proyectos del cinturón de cobre del norte: Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros. Si se hubiesen materializado esas inversiones, entonces el país le hubiese agregado un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) a la producción anual de 2.5 millones de TMC. ¿Alguien duda del crimen social contra los pobres?

El relato antiminero tiene una serie de mitos y leyendas. Por ejemplo, la entelequia de “la cabecera de cuenca” que, contra toda ciencia y lógica, pretende prohibir la minería sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, pretende cerrar el 80% de las minas del país y cancelar más del 80% de proyectos de nuestra cartera de inversiones. Igualmente, las absurdas contradicciones entre agricultura y minería que se plantean, el argumento de un nuevo ordenamiento territorial y la contaminación de las aguas del sur, no obstante que los ríos de esa área tienen una contaminación natural por la intensa actividad volcánica.

Sin embargo, no nos engañemos. Los mitos, leyendas y mentiras del relato antiminero solo son la envoltura de una estrategia antiminera –no pretenden desarrollar un debate ecológico– que se basa en la acción directa de las minorías radicalizadas que ejercen violencia, bloquean carreteras y atentan contra la propiedad privada y pública. Todas, absolutamente todas las minas, bloqueadas o paralizadas, se explican por la violencia ejercida por las minorías radicalizadas. La acción violentista de estos sectores ha detenido los proyectos de Conga y del cinturón de cobre del norte, de Tía María, y hoy amenaza a las minas emplazadas en el corredor vial del sur.

Al margen de los retrocesos, el anuncio de la señora Vásquez sobre el cierre unilateral de cuatro minas como parte de un proyecto piloto de “una cabecera de cuenca en el sur de Ayacucho” y el llamado al sector Justicia a prestar servicios legales a los sectores radicalizados, a nuestro entender, es un proyecto de soviet antiminero que busca convertirse en modelo nacional.

Desde el punto de vista de la Constitución, las leyes nacionales y el respeto a los contratos –que caracterizan a nuestro país en las últimas tres décadas– es inaceptable la acción y el proyecto de la señora Vásquez en el sur de Ayacucho. Por todas estas consideraciones, hoy el Ejecutivo recién ingresa a una tormenta política, institucional, social y económica de imprevisibles consecuencias.

Para el Ejecutivo ya no es suficiente dar el paso atrás leninista ante cada arremetida colectivista. Nadie cree en la rectificación. Debe renunciar a la Constituyente, desarrollar un giro total y convocar un gabinete de unidad nacional. De lo contrario, los mercados, esos organismos vivos que respiran y se alimentan de información pública, se convertirán en los peores enemigos del Ejecutivo estatista.