El Perú necesita una oposición democrática al gobierno de Boluarte

Luego del fracaso de la llamada “tercera toma de Lima” –que convocaron el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef), el Partido Comunista Militarizado del VRAEM, las corrientes vinculadas al eje bolivariano, así como todos los sectores progresistas del país– ha surgido la urgente necesidad de organizar una oposición democrática al Gobierno de Dina Boluarte. En cualquier sistema republicano el oficialismo necesita una oposición democrática para establecer, como se dice, una cable a tierra con la realidad.

¿Por qué planteamos semejante reflexión? Es evidente que la amenaza radical y colectivista del maoísmo y del eje bolivariano se ha debilitado considerablemente luego del fracaso de la tercera toma de Lima y, por lo tanto –al menos por ahora– las principales amenazas a la gobernabilidad no provienen de fuera del Ejecutivo. A nuestro entender ahora las principales amenazas a la gobernabilidad son las propias ineficiencias, yerros y eventuales casos de corrupción del Gobierno central. Si no hay enmiendas y cambios de rumbo, la amenaza radical se volverá a reactivar.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo necesita una oposición democrática y constitucional que, al mismo tiempo que defienda el sistema republicano de la amenaza bolivariana, lidere las críticas y denuncias contra los inevitables despropósitos gubernamentales. 

En ese sentido, es hora de decirle al país, a las mayorías nacionales que, si el Perú se ha detenido, ha dejado de crecer y de reducir pobreza, es por exclusiva y única responsabilidad de las corrientes progresistas y comunistas que se aliaron en la fracasada tercera toma de Lima. ¿Por qué el progresismo tiene responsabilidad central en la debacle nacional? Porque sin los relatos y narrativas que polarizaron el país ficticiamente entre fujimorismo y antifujimorismo (para esconder la amenaza colectivista), de ninguna manera Pedro Castillo habría llegado al poder. No había manera de que el peor candidato de la historia nacional, y con claros vínculos con el maoísmo, ganara la elección nacional en un país que había triplicado el PBI y había reducido pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia (hoy está en 27.5%).

El progresismo entonces puso en el poder a Castillo. Y el Gobierno del profesor chotano y de Perú Libre y el Movadef, con la campaña a favor de la constituyente y las nacionalizaciones, simplemente frenó cualquier posibilidad de nueva inversión. En el primer semestre de este año el crecimiento ha sido cero, con una clara tendencia a la recesión. Y todo indica que el próximo año la pobreza aumentará un punto. 

De esta forma la frivolidad de los sectores progresistas y el programa del colectivismo y las corrientes comunistas han vuelto a convertir a la sociedad peruana en una que aumenta el peor flagelo de cualquier comunidad.

Por todas estas consideraciones, la nueva oposición democrática está obligada a denunciar abiertamente que el aumento de la pobreza en el Perú es de exclusiva responsabilidad de los sectores progresistas y comunistas. Y que en este contexto, el Gobierno de Dina Boluarte no está haciendo casi nada para relanzar el crecimiento de la economía. Por ejemplo, el Ejecutivo no ha derogado los decretos laborales de Castillo que fomentan el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, no ha logrado restablecer el Estado de derecho en el corredor minero del sur y todavía no se anima a sacar adelante proyectos mineros absurdamente bloqueados, como Tía María, Conga y otras minas del norte.

Se necesita, pues, una oposición que defienda el crecimiento y la inversión privada que genera empleo; es decir, que defienda el proceso de reducción de pobreza en el país. En ese camino la crítica al Ejecutivo, al progresismo y al comunismo debe ser intensa. 

Como se ha sostenido, la oposición debe ser capaz de defender el Estado de derecho frente a la casi perpetua amenaza del eje bolivariano y sus proyectos insurreccionales para quebrar la institucionalidad y convocar a una asamblea constituyente. Y finalmente, la defensa de la democracia no solo debe ser institucional, sino en el distrito, en la provincia, mediante la organización política de base. Es la única manera de detener el proyecto soviético, de poder alternativo a la democracia, del eje bolivariano.