El modelo económico como principal opositor a la constituyente

El Perú sigue sumergido en una perpetua crisis política, en la que el Ejecutivo causa un desgobierno nacional sin precedentes –que destruye los avances económicos, sociales e institucionales de las últimas tres décadas– y, de otro lado, el Congreso se revela incapaz de organizar una salida de la terrible crisis nacional. El Gobierno lo destruye todo y en el Congreso no se puede organizar la urgente transición política del desgobierno nacional en base a los procedimientos e instituciones establecidas en la Constitución de 1993.

Hoy, nuevamente, se ha activado un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y, a diferencia de los dos procesos previos, la moción ha sido admitida por el Congreso y el jefe de Estado –o su defensa legal– está en la obligación de asistir al Legislativo y argumentar en contra de la destitución.

Sin embargo, vale preguntarse por qué, a pesar de la fragmentación, la incapacidad e ineficiencias de la oposición, el Gobierno no ha logrado imponer la asamblea constituyente como salida al desgobierno nacional. Hay varias respuestas. Por ejemplo, el Congreso ha detenido la iniciativa de un referendo para convocar una constituyente, ha aprobado la ley que regula la cuestión de confianza y ha sancionado la ley de referendo que repite lo establecido en la Constitución: la reforma total o parcial del texto constitucional debe pasar previamente por el Legislativo. También es verdad que el Tribunal Constitucional ha defendido los principios constitucionales.

Sin embargo, ¿sería suficiente la reacción del Congreso o de las instituciones republicanas si el Gobierno tuviera una alta popularidad? Unos sostendrán que no podría tener algo parecido por las graves denuncias de corrupción que afectan al entorno palaciego. Sin embargo, en todos los regímenes bolivarianos en donde se impuso la asamblea constituyente, igualmente, los gobiernos estaban envueltos en denuncias de corrupción.

¿Cuál, entonces, es el factor gravitante –en el caso peruano– que ha bloqueado el avance de la constituyente? A nuestro entender la continuidad de la Constitución ha imposibilitado que el Gobierno de Pedro Castillo distribuya el ahorro nacional de las últimas tres décadas, con objeto de ganar una popularidad circunstancial que impulse la constituyente. Allí está una de las claves de la situación gubernamental.

Todos todavía tenemos en las retinas las imágenes de Hugo Chávez, avanzando entre los periodistas y diciendo “exprópiese”, cuando se le antojaba que un edificio o una empresa formara parte de su estrategia de popularidad. Nada de eso ha sucedido en el Perú.

El proyecto bolivariano entonces no ha podido destruir los ahorros nacionales porque la Constitución establece una institucionalidad económica férrea a través del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y la propia trayectoria del Ministerio de Economía y Finanzas, que impide pulverizar el ahorro nacional por la encuesta de la semana. Igualmente, la Carta Política prohíbe el estado empresario –solo se pueden crear empresas estatales por ley– y consagra el derecho de propiedad como uno de los derechos humanos frente a las arbitrariedades del Estado. Y, finalmente, el clásico juego populista del control de precios –muy usual en los chavismos de la región– tampoco es una posibilidad dentro del marco constitucional del país.

La imposibilidad de repartir el ahorro nacional deja en evidencia que el Gobierno de Pedro Castillo es el responsable directo de haber detenido tres décadas de crecimiento y de reducción de la pobreza. En estos treinta años el país dejó de ser uno de ingreso bajo y pasó a ser uno de ingreso medio: se triplicó el PBI y se redujo la pobreza del 60% de la población a solo 20% (antes de la pandemia). ¿Qué explicación o relato puede justificar el detener el avance de una sociedad hacia la prosperidad?

El modelo económico y la continuidad del crecimiento, los mercados y del sector privado, se han convertido en un soberbio adversario del Gobierno de Castillo. Y lo mismo sucede con la realidad de casi todos los regímenes bolivarianos de la región.

La oposición peruana, pues, debería defender con más firmeza el modelo económico.