La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
El Perú debe ser uno de los pocos países en América Latina en que los gremios empresariales no participan de las instancias tripartitas que consagran los tratados internacionales en materia de legislación sobre el trabajo. En efecto, los gremios y organizaciones del sector privado se han retirado del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), porque desde el Ejecutivo se promulgaron decretos laborales que producen los mayores cambios económicos de las últimas décadas, pero sin consultar con las organizaciones empresariales.
Las cosas han sido tan escandalosas y violatorias de la legislación nacional e internacional que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha criticado frontalmente el procedimiento del Gobierno para promulgar los mencionados decretos laborales. ¿A cuáles nos referimos? A los decretos que establecen la prohibición de la tercerización laboral, fomentan la sindicalización por fábrica, rama, grupo empresarial, y liberalizan en extremo el derecho a huelga. De una u otra manera, semejante normatividad es un golpe letal a la inversión privada y deja en claro que el Ejecutivo pretende colectivizar las relaciones laborales. Sin embargo, hasta hoy el Congreso no se ha atrevido a derogar las cuestionadas normas.
Desde la llegada del Gobierno de Pedro Castillo, las diversas acciones gubernamentales no solo se orientaron a violar la Constitución de 1993, sino también a espantar el crecimiento de la inversión privada. Las propuestas de instalar la asamblea constituyente y de las nacionalizaciones de los recursos naturales destruyeron la confianza de la inversión privada en el Estado, porque anunciaban la estatización de la economía. Sin embargo, la resistencia de la sociedad y la reacción de la oposición convirtieron en imposibles las propuestas gubernamentales.
En este contexto, el Gobierno promulgó los mencionados decretos laborales que motivaron el retiro de los empresarios del Consejo Nacional del Trabajo, no obstante que el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales, genera más del 80% del empleo y representa el 80% de todo lo que se invierte en el Perú cada año. Es decir, desde un inicio el Ejecutivo apuntó a destruir el principal motor y combustible del crecimiento. Y, de una u otra manera lo ha logrado, en medio de la indiferencia de la oposición.
Las proyecciones económicas indican que este año el Perú crecerá cerca del 3% anual y que el próximo las cosas se complicarán. ¿Por qué el país –el segundo productor mundial de cobre– crece a estos niveles a pesar de los inmejorables precios de los minerales (sobre todo en el primer semestre)? La respuesta es sencilla: el crecimiento actual es la inercia de un modelo que venía como un huracán, pero que ha sido paralizado por el Gobierno. En minería y agroexportaciones seguimos creciendo por inversiones de años previos al 2021. No hay nueva inversión privada.
Vale recordar dos datos muy importantes: que cada año se incorporan a la economía alrededor de 300,000 jóvenes y que un punto de crecimiento del PBI crea alrededor de 90,000 empleos. Semejantes cifras nos indican entonces que para reducir la pobreza necesitamos crecer sobre el 4% anual.
El crecimiento de la economía, pues, no permitirá reducir la pobreza, recuperar los ingresos previos a la pandemia y absorber la inflación importada de la crisis mundial, porque la inversión privada está en picada. Y semejante caída se produce cuando en el planeta se anuncia una eventual recesión.
Más allá de las intenciones del Gobierno y la oposición en general, el Perú parece avanzar a la anarquía institucional, política y social desatada por el desgobierno nacional de Pedro Castillo. Sin embargo, esas tendencias desorganizadoras se mezclan con la ralentización del crecimiento y la imposibilidad de seguir reduciendo la pobreza. Es decir, se suman a una sociedad desesperada que observa cómo se destruyen tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza por haber elegido al peor candidato de toda la historia republicana.
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