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Las responsabilidades naranjas con la expansión del PBI
Una de las preguntas legítimas que surge luego de conocerse las denuncias en contra del contralor general de la República, Edgar Alarcón, sobre importaciones de autos e indemnizaciones inapropiadas en la entidad contralora, tiene que ver con las relaciones de la mayoría legislativa con el contralor. ¿Se protege al Contralor? Creemos que no. En todo caso, en los próximos días el fujimorismo deberá aclarar las cosas.
Sin embargo en este portal nos interesa particularmente preguntarnos por el compromiso de la mayoría legislativa con el crecimiento económico del país, habida cuenta de que el actual contralor —muy ligado al nacionalismo— en su exceso de protagonismo no solo ha paralizado el contrato de Chinchero, sino que también pretende crear un régimen de amedrentamiento —un proyecto de ley pretende que el Estado niegue asistencia a los denunciados por Contraloría— para los funcionarios públicos que firman papeles. Si algo así prospera se establecería una virtual parálisis del Estado, en momentos en que la economía empieza a crecer apenas al 2%.
De otro lado la congresista Karina Beteta ha presentado una iniciativa legislativa que pretende evitar que las empresas nacionales que subcontrataron con las empresas brasileñas denunciadas por corrupción participen de contratos con el Estado. Al margen de que la iniciativa colisiona con el principio constitucional de la presunción de inocencia consagrada mientras no haya sentencia firme del Poder Judicial, el mencionado proyecto ignora las consecuencias económicas para el crecimiento del presente año.
Una medida de ese tipo no solo afectaría el empleo de miles de trabajadores e interrumpiría la cadena de pagos entre decenas de proveedores, sino que también pondría en aprietos a algunos bancos y AFP. Además, claro está, de que las transnacionales del primer mundo (que deben venir al Perú en reemplazo de las corruptas brasileñas), ya sean constructoras estadounidenses, canadienses y australianas, necesitan un stock nacional de empresas para subcontratar. Si prácticamente todas las grandes empresas nacionales subcontrataron con las brasileñas, ¿con qué entidades subcontratarían? De allí la necesidad de la prudencia, a menos que la corrupción esté sancionada judicialmente. Claro está.
Pero no solo estos hechos nos llevan a preguntarnos sobre las relaciones del fujimorismo con el crecimiento. Allí está la derogatoria del decreto legislativo que establecía un régimen de fast track para agilizar la habilitación y expropiación de predios para agilizar los proyectos en infraestructura y otras modalidades de inversión.
Igualmente la decisión de pasar a 12,000 trabajadores del régimen del CAS de Essalud a la planilla estatal y aprobar la cédula viva —homologar las pensiones de retiro con los sueldos de los activos— de militares y policías, una medida que le costará más de S/ 1,000 millones al Estado. Semejantes decisiones también nos obligan a preguntarnos por el compromiso de la mayoría legislativa con la reforma del Estado, la vigencia de un buen servicio civil y los problemas del déficit fiscal.
Todo parece indicar, entonces, que la polarización política entre Ejecutivo y Legislativo está subordinando la natural preocupación del fujimorismo con el crecimiento. Si las cosas son así, la mayoría legislativa comienza a equivocarse gravemente, porque nunca debería olvidar su naturaleza y el porqué se ha convertido en una fuerza plebeya con gran enraizamiento social. El fujimorismo popular existe porque desarrolla una lucha abierta con la izquierda, los estatismos y los proyectos antisistema por la influencia en los sectores populares. Allí reside su fuerza. Si los proyectos chavistas no avanzan en el Perú es porque el movimiento naranja es un dique de contención popular.
En este contexto, relativizar el crecimiento económico por una supuesta lucha contra la corrupción —avalando cualquiera ligereza en las denuncias— es traicionar la naturaleza plebeya del fujimorismo. ¿Por qué? Porque se abona a la ralentización del crecimiento y nos acerca al abismo de la recesión. Empujar el carro en esa dirección es trabajar abiertamente a favor de un escenario favorable para las fuerzas antisistema el 2021. Siempre vale recordar que el crecimiento económico ha sido el soporte de esta democracia, que avanza hacia su quinta elección sin interrupciones no obstante el fracaso de los partidos.
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