El cuestionable papel del progresismo, las oenegés y la Defensoría

En los ochenta y los noventa, la izquierda y el progresismo –ante la violencia, el terror y el genocidio que desató Sendero Luminoso en el Perú– asumieron una de las posiciones más cómodas y frívolas de la historia republicana: se ubicaron equidistantes de la violencia y el terror senderista y la violencia contrasubversiva del Estado, a la que caracterizaron como “una violación sistemática de Derechos Humanos” o “terrorismo de Estado”. Sin la acción contrasubversiva del Estado de entonces no habría existido ningún progresista de segunda generación de hoy, pero así es la frivolidad en política.

Semejante posición se plasmó en el Informe Final de la Comisión de Verdad que, a nuestro entender, es un relato sobre la estrategia contrasubversiva sin el cual no se explicaría el triunfo de Pedro Castillo. Se relativizó de tal manera la vesania del senderismo que no importaron los vínculos de Castillo con el maoísmo.

Hoy, frente a la insurrección bolivariana que bloquea carreteras para desabastecer las ciudades y destruir la producción, los mercados emergentes y la economía familiar; frente a las vanguardias comunistas que intentan destruir aeropuertos, que incendian empresas industriales, fundos agrarios y atacan decenas de comisarías y hieren de gravedad a efectivos de nuestra policía nacional del Perú (PNP); frente a la milicia urbana que ataca a la PNP en Lima y pretende destruir el centro histórico, igualmente las corrientes progresistas y de izquierda se ponen equidistantes de la violencia destructiva y del uso constitucional y legítimo de la fuerza pública.

El argumento que emplean es un sinsentido: las lamentables y trágicas 57 muertes que ya causa la insurrección bolivariana. Si se ataca un aeropuerto ¿qué deberían hacer las fuerzas de seguridad? ¿Acaso acompañarlos y guiarlos en la destrucción de las pistas de aterrizaje y luego escoltarlos hacia la salida? Es un verdadero sinsentido, porque los únicos responsables de las muertes son los dirigentes de la insurrección.

El gran problema de los progresistas de hoy es que, a diferencia de los noventa, hoy el Estado de derecho en el Perú es incuestionable. ¿O acaso se han sumado abiertamente al argumento bolivariano acerca de que la vacancia de Castillo es un golpe de Estado? Si es así, entonces están del lado de la insurrección contra el Estado de derecho.

Un argumento que debe ser colocado en las galerías de las frases vacías es el planteado por un periodista que dijo que entre la defensa de la vida y la defensa de un aeropuerto, de una propiedad y la ley y el orden, él optaba por la vida. Para todos es sabido que el único sistema que ha protegido la vida y los derechos humanos es el sistema constitucional o el Estado de derecho, que se basa en el control del poder y el gobierno de las instituciones. Los sistemas sin Estado de derecho solo han aplastado la vida y han engordado los cementerios: más de 100 millones de muertos de los regímenes comunistas y alrededor de 10 millones del régimen nazi.

En el Perú la verdadera contradicción se expresa entre un proceso insurreccional que pretende derribar la Constitución y el Estado de derecho –y organizar un nuevo sistema de poder soviético y bolivariano a través de la constituyente– y el sistema constitucional, el Estado de derecho que, a pesar de todos los problemas, sigue vigente.

De esta posición cómoda participan los sectores progresistas, las oenegés de izquierda e incluso la Defensoría del Pueblo. En un comunicado, la Defensoría, a nuestro entender, abdica en la defensa del Estado de derecho porque “invoca a deponer toda forma de violencia, como lanzar objetos a la PNP o dañar la propiedad pública o privada. Estas no son formas de ejercer el derecho a la protesta, son delitos”. Y luego a la policía le envía un mensaje desconcertante: “Pedimos a la PNP que actúe en estricto marco de sus atribuciones constitucionales y legales”. ¿Acaso no lo está haciendo así? ¿Qué sucede?

Todo es relativo en la equidistancia que parece asumir la Defensoría del Pueblo. El Estado de derecho, sistema gracias al cual existe la propia Defensoría, es un argumento relativo.

La frivolidad del progresismo estremece. En medio de la insurrección se convierte en propagandista de la violencia, argumentando que todo se calmará con el adelanto electoral o con la conducción de la transición política de un político progresista. 

En Chile, el progresismo y la derecha sin ideología se pusieron de costado frente al Estado de derecho y comenzó una destrucción que no se detiene.