¡Defender la estabilidad cueste lo que cueste!

Las corrientes comunistas y progresistas pretenden que el sistema republicano siga empantanado en la guerra política que, luego de las elecciones del 2016, nos llevó a la inestabilidad permanente, a tal extremo que la elección de Pedro Castillo se convirtió en un resultado inevitable. ¡Algo así no puede repetirse de ninguna manera! ¡Los peruanos y demócratas deben sacar las lecciones de la tragedia institucional y política que enfrentamos.

Las bancadas comunistas, con el apoyo del progresismo, acaban de impulsar un proceso de vacancia –que no prosperó– en contra de la presidente Dina Boluarte por haber ejercido el uso constitucional de la fuerza pública en defensa de la Constitución y el Estado de derecho. Como todos sabemos, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, vanguardias radicales y comunistas atacaron los aeropuertos del sur, decenas de comisarías, bloquearon las carreteras para desabastecer a las ciudades y lanzaron milicias que atacaron a la policía nacional del Perú (PNP). El saldo lamentable: 48 civiles y 12 soldados y policías muertos, y más de 500 efectivos PNP heridos de gravedad. Para cualquier peruano de buena voluntad, o para cualquiera que conozca la Constitución y las leyes, los únicos responsables de las muertes son las vanguardias comunistas que desarrollaron la insurrección contra el orden constitucional.

Sin embargo, las bancadas comunistas y las corrientes progresistas pretenden vacar a la jefe de Estado por cumplir la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Conscientes de que la vacancia no prosperará el objetivo es seguir manteniendo la zozobra institucional.

Al respecto debemos señalar que es hora de acabar con las guerras políticas e institucionales que fomentan las corrientes comunistas y progresistas con objeto de producir el desplome del sistema republicano. Desde el referendo pasado, que destruyó el sistema político, el cierre inconstitucional del Congreso o el golpe de Estado de Martín Vizcarra, pasando por el golpe de masas en contra del Gobierno de Manuel Merino, hasta la elección de Pedro Castillo, el Perú sigue atrapado en una guerra política que destruye las instituciones y frena el crecimiento y la reducción de la pobreza. ¡Es hora de detener ese proceso de autodestrucción nacional! El Perú debe focalizarse en las reformas, en invertir en obras de prevención, y en reconstruir las infraestructuras y relanzar el crecimiento para reducir la pobreza.

Por otro lado, también es hora de precisar el papel de los políticos. A nuestro entender, la principal responsabilidad de los políticos es construir gobernabilidad mediante acuerdos y salidas institucionales. Los políticos –por unas cuantas décimas de popularidad– no deben pretender reemplazar al sacrificado trabajo de policías, procuradores, fiscales y jueces en la lucha contra la corrupción. Cuando eso sucede la democracia se judicializa y se bastardea.

En cualquier caso, recordemos. Alejandro Toledo lideró la lucha contra la corrupción contra el fujimorato, Ollanta Humala hizo algo parecido, PPK igualmente encabezó la lucha contra este flagelo público, Martín Vizcarra desinstitucionalizó el país con el argumento anticorrupción y Pedro Castillo representó el paroxismo de una supuesta lucha contra la corrupción en contra de "más de cinco siglos de dominación occidental". Es importante, entonces, recuperar el sentido de la política y fortalecer el papel de los servidores públicos que persiguen a la corrupción.

Para combatir la corrupción el país necesita afirmar su Estado de derecho y reforzar el protagonismo de las instituciones tutelares. Para lograr algo así se necesita estabilidad y que el Ejecutivo y el Congreso cumplan los periodos establecidos en la Constitución. Si hay investigaciones contra el jefe de Estado y los ministros, la Constitución y las leyes establecen los procedimientos.

Por otro lado, para combatir a la corrupción el Perú necesita simplificar las sobrerregulaciones y procedimientos que convierten a los políticos y burócratas en aduanas donde prospera la corrupción. En vez de empoderar a los burócratas, necesitamos un Estado más pequeño y requerimos empoderar la sociedad, al ciudadano, al sector privado y a los mercados emergentes.