Constitución, Estado de derecho e ilegalidad de una constituyente

¿Por qué la propuesta de una constituyente es anticonstitucional e ilegal? ¿Por qué una constituyente solo puede proceder mediante una revolución o por la claudicación de las élites y los políticos ante el chantaje de la violencia y el caos? Es evidente que una parte de las respuestas a estas interrogantes proviene del artículo 206 de la Constitución Política, que establece que la reforma total o parcial de la Carta Política se realiza a través del Congreso y que, por lo tanto, no se contempla el mecanismo de la instalación de una asamblea constituyente.

Sin embargo, ¿acaso se trata de una preferencia por un Congreso con crisis de representatividad –desprestigiado, sin legitimidad, según agitan las izquierdas y progresistas– frente a una asamblea constituyente nueva y prometedora? ¿Acaso la disyuntiva es Congreso versus constituyente? De ninguna manera. Eso es lo que nos quieren hacer creer las corrientes comunistas y progresistas.

Todas las constituciones republicanas del planeta establecen los procedimientos para reformar los textos constitucionales porque los momentos constituyentes –es decir, las asambleas constituyentes– son momentos únicos en la historia de un país. Por ejemplo, los momentos constituyentes en Estados Unidos e Inglaterra fueron espacios en los que se construyó el Estado de derecho (rule of law). Construido el Estado de derecho, pensar en una constituyente es proponer una salida totalitaria, un despotismo futuro en cara de todos los electores. Ese es el objetivo de cualquier estrategia bolchevique a través de la constituyente.

En otras palabras, una constituyente solo tiene posibilidad de argumentarse racionalmente cuando no existe Estado de derecho. Quizá para aclarar el razonamiento vale la pena establecer una diferencia entre la Constitución escrita y la no escrita (common law) con respecto al Estado de derecho en general. Las constituciones establecen la parte dogmática y orgánica de un sistema político institucional; es decir, los principios y las reglas generales de la comunidad política. Sin embargo, el Estado de derecho son las instituciones derivadas de la constitución, pero en movimiento, en proceso; en otras palabras, son las instituciones que controlan los excesos del poder y que representan a la comunidad. La constitución es el escrito constitucional y el Estado de derecho es la constitución en movimiento, respirando, viviendo.

El primer efecto de una propuesta constituyente, pues, es derogar o relativizar el Estado de derecho y crear un poder totalitario entre los 100 o 200 constituyentes, convertidos en dioses mortales sin ningún control político. Es decir, con la instalación de una constituyente, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, pasarían a estar pintados en la pared. Pero eso no es todo. Los ahorros y activos de varias generaciones familiares, de las empresas y de la sociedad en general, se volverían líquidos, porque a un sector de constituyentes se le ocurriría acuñar una linda frase como “propiedad social” en vez de propiedad privada, por ejemplo.

Todo dependería entonces de los constituyentes convertidos en dioses mortales, sin control alguno, capaces de respaldar a un Hugo Chávez que avanzaba por Caracas y decía “exprópiese” a cualquier activo que le viniera en gana.

Debido a estas razones, una de las reformas constitucionales que se debería contemplar en la Constitución para defender el Estado de derecho es la proscripción de cualquier partido político que proponga una asamblea constituyente. El sistema republicano no puede seguir siendo “una democracia boba” –como se dice– y permitir a partidos políticos con programas políticos que coinciden con los remanentes del terrorismo en el VRAEM, que también proponen una constituyente. Imposible.