Confianza con tiempo nublado

Al cierre de esta edición el Congreso de la República había aprobado la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, pero estableciendo que solo lo hacía alrededor de las políticas planteadas. Si bien el eventual choque Ejecutivo versus Legislativo no desencadenó la terrible disyuntiva disolución del Congreso o vacancia (y adelanto electoral), la manera como se procesó la solución política en el Congreso revela que, de una u otra manera, estamos ante una crisis que todavía no ha culminado.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó la moción de confianza intentando arrinconar al Legislativo y jugando al límite con los preceptos constitucionales. Innecesariamente señaló que la moción de confianza no solo era por las política de “integridad y lucha contra la corrupción” y de “fortalecimiento institucional para la gobernabilidad”, también implicaba la aprobación de los proyectos presentados por el Ejecutivo en los plazos planteados. Frases como “no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro”, “Si no se aprueban los proyectos y no hay referéndum no hay confianza”, menudearon. Sin embargo, el Legislativo —de manera multipartidaria— solo concedió la confianza sobre las mencionadas políticas.

Las exigencias de Vizcarra y Villanueva nada tenían que ver con la Constitución y las prerrogativas de los poderes del Estado. De alguna manera, la democracia peruana ha ingresado a una etapa de “democracia plebiscitaria”, en que las relaciones institucionales se determinan por el nivel de aprobación en las encuestas. Si el Congreso está con una alta desaprobación, entonces la amenaza del cierre del Legislativo se convierte en una posibilidad, al margen de si los actores juegan al filo de la Constitución. En este contexto, el Ejecutivo pretende erigirse como el “árbitro” de la reforma constitucional, no obstante que la Constitución excluye taxativamente a este poder del Estado como protagonista de este tipo de procesos, a tal punto que no puede observar una ley de reforma constitucional.

Decimos que la arremetida de Villanueva contra el Legislativo era innecesaria porque la Junta de Portavoces del lunes pasado había acordado allanarse a las demandas de Vizcarra: discutir los cuatro proyectos antes del 4 de octubre. Resultaba innecesaria y contradictoria también porque el jefe de Estado se había reunido con los portavoces de los partidos del Legislativo, dejando en claro que el Gobierno apostaba por una salida política y promovía las convergencias. Sin embargo, la presentación de Villanueva nos recordó que la crisis política continúa. Y los analistas más suspicaces ahora señalan que si Vizcarra no disolvió el Legislativo es porque todavía no ha encontrado la justificación.

Es evidente que este año, de no mediar un cierre del Congreso o un adelanto electoral, es casi seguro que se someterá a referéndum la reforma del sistema de justicia aprobada con seriedad, por la incorporación de diversos proyectos. Sin embargo, la reforma política todavía debe ser motivo de un debate legislativo, sobre todo porque una reforma de tanta trascendencia no se puede aprobar a tontas y locas. Más aún cuando hay propuestas cantinflescas como la no reelección de los congresistas, pero de gran predicamento popular. Como se aprecia, hay crisis política a la vista y pendiente de solución.

¿Cómo actuaría un estadista ante esta circunstancia? A sabiendas de que los yerros acumulados en el Congreso han convertido a la primera asamblea de la democracia en una entidad con una abrumadora desaprobación, el jefe de Estado lideraría, con la fuerza y el respaldo ciudadano, todos los procesos de convergencias necesarios para concretar reformas de fondo y organizar la gobernabilidad. El objetivo: que la institucionalidad permanezca hasta el 2021. En política el más fuerte siempre impone condiciones. Sin embargo, ayer la presentación de Villanueva indicaría que las cosas no avanzan en ese sentido.

El presidente Vizcarra ha decidido pisar el acelerador de la polarización política porque es el camino más directo y sencillo de conseguir popularidad. Es el camino que emprendieron Fujimori en Perú y Hugo Chávez en Venezuela. La idea de un caudillo mesiánico que representa a la nación, por encima de las instituciones, parece rondar en la cabeza de los principales colaboradores del Ejecutivo. Ayer Villanueva dijo que gracias “a la magia del Presidente se concretan las reformas”. Peligroso en extremo. Cuando hay un mago en Palacio no se necesitan leyes ni instituciones, sino la varita mágica del iluminado. El problema es que los magos siempre terminan mal, muy mal.