Chantajes y contratos en las minas del sur

El Corredor Minero del Sur —que comprende a los departamentos de Apurímac, Arequipa y Cusco— continúa siendo acosado por los supuestos dirigentes y asesores de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia minera. Todos ellos están vinculados a los sectores marxistas y a la izquierda antiminera.

La nueva estrategia de los asesores de la comunidad de Fuerabamba, por ejemplo, es exigir a Minerals and Metals Group (MMG), concesionaria del proyecto Las Bambas, 660 puestos de trabajo para supuestos comuneros. Esta modalidad de extorsión es bastante conocida en el sector construcción. Las organizaciones criminales vinculadas a los trabajadores de construcción civil exigen puestos a las empresas constructoras para “dejarlas trabajar libremente”, y al mismo tiempo cobran cupos mensuales a los trabajadores por el puesto de trabajo conseguido por el “sindicato”. Si los trabajadores se resisten a pagar la extorsión son retirados del trabajo y, en su lugar, el “sindicato” pone a otro trabajador más “dócil”.

Salvando ciertas diferencias, algo parecido pretenderían hacer los dirigentes y asesores de Las Bambas. Un porcentaje importante de los “cupos” —que se cobrará a los trabajadores impuestos por ellos en la mina— será destinado a los “honorarios profesionales de los asesores”.

Desde 2014 y en numerosas oportunidades MMG ha convocado a todas las familias de las comunidades inscritas, ofreciéndoles un puesto de trabajo por cada una de ellas; sin embargo, rechazaron las oportunidades laborales ofrecidas por la mina. El vicepresidente de la comunidad, Edison Vargas, falta a la verdad al señalar que “no es un pedido majadero” y que “el acuerdo no se ha cumplido”. Durante el acuerdo de reasentamiento de 2014, las familias empadronadas fueron 442. Ahora, los nuevos dirigentes de la comunidad exigen 660 puestos de trabajo “indefinidos”.

Vale señalar que, de acuerdo a la ONG Cooperacción, a partir de 2007 el número de comuneros de Fuerabamba se incrementa por los “potenciales beneficios” que generaría la minería. Señala la ONG que el crecimiento demográfico es sostenido: en 2004, 140 familias; en 2009, 290 familias, y en 2013, 400 familias.

No sería raro que esta misma estrategia sea replicada en otras zonas mineras del país. En Tracrara (en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar) un supuesto “comité de lucha” anunció que bloqueará el paso entre la mina Constancia y Matarani, en el puente Quero. Sin embargo, existen evidencias de que esto es organizado por un grupo familiar dedicado al transporte. Esta empresa estaría exigiendo a la minera Hudbay, que opera la mina Constancia, “contratos permanentes” de transporte. Es decir, la eliminación de la competencia que permite mejorar en el mercado el intercambio de bienes y servicios.

Detrás de toda esta operación estarían los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo (denunciados ante el Ministerio Público por extorsión) y César Quispe Puma, asesor del “comité de lucha” de Tracrara y vinculado a la familia transportista que opera en la zona. Se exige contratos permanentes para los puestos de trabajo en Las Bambas y contratos permanente para los transportistas en Constancia. Se impone la ley de la selva, la ley del más fuerte, por encima de la Constitución y las leyes.

En el Corredor Minero del Sur —que genera el 50% de la producción de cobre del país— ha aparecido una forma de criminalidad aliada con el movimiento antiminero, que pretende detener la producción de cobre. Ambos se aprovechan de la indiferencia del Gobierno de Vizcarra en la preservación de la ley y la Constitución en las zonas de inversión minera.

Todo indica que la aprobación del presidente Martín Vizcarra está por encima de los intereses nacionales. A entender de Vizcarra, enfrentar con la legalidad a la criminalidad organizada —que está ganando espacios, manipulando a las comunidades mineras (coartando sus decisiones)— dañaría su “popularidad”. ¿Hasta cuándo el Perú seguirá bloqueando sus posibilidades? Es como si todo pan se quemara en la puerta del horno.