¡Capitalismo popular en minería!

Gobierno debe aprobar nueva formalización inclusiva

Luego de que el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se reunieran con los dirigentes de los mineros informales y acordarán derogar las leyes promulgadas por el gobierno nacionalista sobre formalización minera —que no formalizaron ni protegieron el medio ambiente—, el país espera que la administración PPK promulgue las nuevas normas antes del 7 de enero, fecha en que vence la autorización congresal para legislar.

La nueva voluntad del gobierno ha permitido restablecer la paz social, porque los mineros artesanales han postergado las medidas de protesta anunciadas antes de las fiestas navideñas. Y, al parecer, soplan buenos vientos. Durante una ceremonia en Caravelí, las autoridades de la Región Arequipa y del Ministerio de Energía y Minas, entregaron la resolución de formalización a la Empresa Minera Aurífera Estrella de Chaparra (Emaecsa), que agrupa a 458 productores artesanales. Pero aquí lo interesante es que un representante del MEM manifestó que Emaecsa gastó US$ 150,000 para formalizarse, una suma que es absolutamente inalcanzable para la mayoría de productores artesanales.

¿Por qué el fracaso en la formalización? Porque los decretos a derogarse demandan por lo menos 1,260 días (cuatro años) de trámites ante 16 oficinas y entidades, públicas y privadas. Y el costo de estos procedimientos —como lo señala el representante del MEM— suma US$ 150,000. Además porque los decretos a derogarse empezaron por el final: sanciones draconianas, cárcel, interdicción, pérdida de dominio

En este tema el Perú tiene que decidir si apuesta o no por el capitalismo popular en minería. Si se impusiera la exclusión de los productores artesanales, tarde o temprano estaríamos entregando una fuerza social impresionante a las propuestas antisistema que amenazan la democracia y la economía de mercado. Una verdadera locura.

Para comprender las dimensiones de las cosas vale recordar las últimas declaraciones de don Alberto Benavides de la Quintana, padre fundador de la minería moderna en el Perú, quien señaló que en el país existían 400,000 mineros artesanales y que un millón de personas dependían de esta actividad. También señaló que la producción anual de oro y cobre informal representaba alrededor de US$ 2,000 millones.

Pero eso no es todo. Según el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, el sector que produce más oro en el Perú es la minería informal. En base a cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entre enero y setiembre del 2016, solamente los mineros informales de las regiones de Madre de Dios, Puno, Arequipa y Piura produjeron 19.1 TM de oro, el 17% del total nacional. La producción informal de estas cuatro regiones hoy es superior a las 15.4 TM que históricamente produjo Yanacocha, la principal empresa de oro en el Perú

Las cosas, pues, están demasiado claras. Las leyes del nacionalismo no lograron formalizar a los mineros informales y, entonces, perdieron todos: el Estado que no cobra impuestos a la producción de la minería artesanal, nuestros bosques y ríos que son contaminados, y los propios mineros artesanales que no pueden seguir creciendo.

Es hora, pues, de derogar las mencionadas leyes y aprobar un nuevo sistema de formalización minera que señale que todos en el Perú tienen posibilidades de hacer empresa, acceder a los mercados y beneficiarse de nuestros recursos. El camino contrario es entregar a los mineros informales, una fuerza social promercado y procapitalista, a las fórmulas antisistema que buscan paralizar la inversión de la gran minería como una forma de ralentizar el crecimiento económico y promover el regreso estatista.