¡Ataque de crimen organizado a democracia ecuatoriana se puede replicar en Perú!

El abierto desafío que ha desarrollado el crimen organizado y el narcotráfico contra la democracia en Ecuador se puede replicar en el Perú, no solo por las cercanías geográficas, sino por las similitudes en el colapso del Estado al enfrentar la crisis de seguridad ciudadana y el avance del crimen organizado. Ecuador y Perú, igualmente, comparten la frontera del Putumayo con Colombia, y el asunto se agrava con respecto a nuestro país por su condición de segundo productor mundial de hoja de coca.

Vale señalar que desde el gobierno de Francisco Sagasti, en el que, a través de un acto irresponsable sin nombre, se descabezó a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), la crisis de la seguridad ciudadana y el desborde criminal se han ido convirtiendo el principal problema del país. El asunto adquirió ribetes dramáticos con el gobierno de Pedro Castillo en que, adrede, se buscó desorganizar y desabastecer a la PNP. Más tarde, igualmente, la acción corrosiva de las oenegés de izquierda apuntó a debilitar el principio de autoridad democrática del Estado.

Es en este contexto, en las principales ciudades del Perú el crimen organizado ha comenzado a desarrollar un sistema de extorsión, protección y asesinatos para controlar los negocios de los mercados emergentes, las áreas principales de la minería ilegal del oro y la prostitución, la micro distribución de drogas y diversas actividades. De esta manera, en diversas áreas de la sociedad se crea un orden controlado por el delito y el crimen organizado. Sobre esta base el narcotráfico internacional crea corredores para el transporte de la droga, mientras busca controlar las actividades sectoriales en los puertos del Callao y de Paita.

Si el presidente Daniel Noboa tiene éxito en su decisión de erradicar el crimen organizado de Ecuador, la ruta de transporte de la droga establecida en Guayaquil –hacia Europa y Estados Unidos– tenderá a trasladarse a los puertos peruanos. Si bien, al parecer, la estrategia del narcotráfico internacional es separar las zonas de producción de las del transporte de la droga, la ofensiva del Estado ecuatoriano tendrá enormes repercusiones en el país. Las condiciones están dadas: el Perú es el segundo productor de hoja de coca en el mundo y el avance del crimen organizado comienza a controlar enormes bolsones de la sociedad.

Vale recordar que Colombia tiene alrededor de 230,000 hectáreas de hoja de coca mientras que el Perú ya ha sobrepasado largamente las 100,000. En el país, el Valle del Río Ene, Apurímac y Marañón (VRAEM) produce más del 50% de la hoja de coca en el territorio, con presencia de remanentes del terrorismo de Sendero Luminoso. Si agregamos el hecho de que Ecuador y Perú comparten frontera con Colombia a través de la zona del Putumayo, una de las principales áreas productoras de coca del mundo con presencia del terrorismo de las FARC, todo se confabula para convertir al Perú en el próximo polvorín social del crimen organizado y el narcotráfico.

De allí la decisión apropiada del Ejecutivo de declarar en estado de emergencia toda la frontera norte con el Ecuador. Por otro lado, en el Estado se debe crear una comisión multisectorial –integrada por el Ejecutivo, el Congreso, la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial– que enfrente con firmeza el desborde de la ola criminal: de la defensiva se debe pasar a una ofensiva general en contra de la delincuencia organizada, sin esperar una ola de violencia y muerte como en el norte.

Igualmente el Congreso del Perú debe emular al Legislativo de Ecuador, que acaba de aprobar una amnistía para los militares y policías que enfrenten al crimen organizado y sean pasibles de padecer las persecución judicial de las oenegés de izquierda. El Perú, el Estado y la sociedad deben respaldar a sus fuerzas armadas y PNP.

Asimismo, el Estado debe convertir a la PNP en la mejor policía de la región, dotándola de recursos, reflotando sus escuelas de formación, equipándola con la mejor tecnología del planeta y alejando las manos del progresismo y la izquierda de la institución. Desde el gobierno provisional de Sagasti la PNP está sujeta a los caprichos de ese sector político. 

¡No esperemos que la ola criminal amenace el Estado de derecho para reaccionar!