¡Sí a las exploraciones petroleras!

Hace más de diez días el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, planteó que en diez días estaría resolviendo la situación de los contratos suspendidos, pendientes de firmar por la empresa estatal Perupetro S.A. y la petrolera irlandesa Tullow Perú Limited Sucursal del Perú. Se trata de contratos de licencia para exploración y explotación de hidrocarburos en cinco lotes petroleros (Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68) en el mar del norte peruano, que fueron aprobados mediante resoluciones ministeriales con sus respectivos decretos supremos, firmados en el último día de gestión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero esas firmas han generado toda clase de suspicacias; una situación aprovechada por la izquierda para desacreditar todo el proceso de negociación y para oponerse a la inversión privada en la exploración y explotación responsable de los recursos naturales.

En medio de estas campañas contra la firma de los contratos petroleros, la Contraloría General de la República ratificó la legalidad y la transparencia de todo el proceso de negociación de los contratos. Expresó claramente que se cumplieron todos los procedimientos establecidos por la ley sin que se haya identificado alguna irregularidad. Y, para quienes insisten en desconocer la legalidad de los DS, el contralor de República, Nelson Schack, ha sostenido en el Congreso de la República que “la tramitación de los decretos supremos ha cumplido con la normatividad vigente”; y que ese resultado es consecuencia de dos actividades de control interno realizadas de manera simultánea en Perupetro y en el Ministerio de Energía y Minas. Resaltó, además que no hubo convocatoria abierta por los lotes antes mencionados porque la ley permite procedimientos de trato directo.

Por su lado, sin dejar pasar la oportunidad, los congresistas Hernando Cevallos y María Elena Foronda (cuya asistente en el Congreso perteneció al MRTA) organizaron en el Congreso de la República, junto a algunas ONG vinculadas al ambientalismo ideológico, una denominada Audiencia Pública Nacional Hidrocarburos y Contaminación del Mar de Grau, con el propósito de detener la firma de los contratos y ensombrecer todo lo actuado por las autoridades.

Representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), han revelado que, en la actualidad, de 44 contratos de hidrocarburos vigentes, 20 están en situación de fuerza mayor (paralizados) debido a demoras burocráticas o conflictos sociales organizados por la extrema izquierda. Han señalado que la producción de petróleo peruana ha caído en 40%, siendo la producción de solo 49,000 barriles por día (BPD) cuando el potencial peruano es de 200,000 BPD. Y las reservas de petróleo también han caído en 25%. Sobre los contratos con la petrolera Tullow, informaron que se desarrollaron 27 talleres informativos dirigidos a los pobladores y pescadores del litoral norte. Allí se aseguró que las actividades petroleras respetarán los cinco kilómetros de franja donde operan los pescadores artesanales.

En el Congreso, el congresista Hernando Cevallos, del Frente Amplio (por Justicia, Vida y Libertad) insiste en el Proyecto de Ley Nº 2699, que pretende detener las firmas de los contratos. Un proyecto que pierde peso con el informe de la Contraloría y las declaraciones del contralor Schack; se cae por su nula argumentación técnica y legal. Según Cevallos, la población exige la llamada “licencia social” antes de firmar los contratos, que es un argumento frecuentemente utilizado para crear conflicto y detener toda inversión. La izquierda no dice que la firma de los contratos es para iniciar el proceso de exploración. Para la explotación, la empresa Tullow debe realizar y tramitar los estudios de impacto ambiental establecidos por la ley.

El proyecto de Cevallos es un intento más de la izquierda y de los populistas que se oponen a la exploración y explotación de hidrocarburos. Existe un antecedente en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), que ha declarado como Área Natural Protegida a las zonas de la Isla Foca, el Ñuro, Los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, en los departamentos de Piura y Tumbes. En el dictamen se argumenta que la explotación de hidrocarburos y gas en el mar afectará a la flora y la fauna del mar del norte peruano. Sin embargo, la izquierda desconoce la competencia del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). La institución científica, de alto reconocimiento en temas marinos y preservación de la flora y fauna, sostiene que no se han establecido los criterios para determinar que las zonas mencionadas deban pertenecer a un área natural protegida.