Respetar la propiedad privada y el libre comercio para seguir creciendo

Durante una entrevista en radio Bio Bio TV, el ex ministro de Agricultura de Chile y presidente de la Sociedad Agraria de ese país, Antonio Walker, señaló que el Perú ha despertado en agroexportaciones y ha comenzado a ganarle mercados a Chile. El país del sur tiene tres décadas de inversiones en agroexportaciones y sus envíos anuales suman US$ 18,000 millones, mientras que el Perú en dos décadas ha acumulado cerca de US$ 11,000 millones anuales. Walker precisa que si Chile no vuelve por la senda del respeto a la propiedad privada y a fomentar el libre comercio será inevitable que Perú se quede con los mercados mundiales conquistados por el país sureño.

La misma advertencia de Walker debería valer para el Perú. Ambos países, no obstante ser verdaderos milagros en crecimiento y reducción de pobreza entre los países emergentes, han padecido gobiernos de corte comunista y colectivista que alentaron momentos constituyentes artificiales para arremeter contra la libertad económica, la propiedad privada y el libre comercio. Sin embargo, en ambos países, igualmente, la llegada de los gobiernos de izquierda radical representó la culminación de un largo proceso en que las izquierdas ganaron la batalla cultural, sobre todo con la demonización del sector privado y el supuesto “demonio neoliberal”.

Aquí en el Perú, luego de las reformas económicas de los noventa, sobre todo a partir de inicios del nuevo milenio, en el Estado comenzó a construirse una floresta de sobrerregulaciones y procedimientos que convirtieron al Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región, no obstante el espíritu desregulador de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país. Según diversos ránkings y estudios, por ejemplo, en el Perú los plazos para otorgar una concesión minera o autorizar una exploración son los más grandes en comparación con los de otras potencias mineras, tales como Canadá, Australia, Chile y Sudáfrica. 

Pero las sobrerregulaciones del Estado también agobian a las micro y pequeñas empresas, que constituyen cerca del 90% del tejido empresarial, motivo por el cual son arrojadas a diversas formas de informalidad. ¿Alguien puede sostener que en el Perú se respeta la propiedad privada cuando las sobrerregulaciones desalientan y se convierten en enemigos letales de los emprendimientos? De ninguna manera.

Por otro lado, durante el fallido Gobierno de Pedro Castillo, desde el Estado se alentó la conflictividad ideológica y se convirtió al llamado corredor minero del sur –que abarca a las minas de Apurímac, Cusco y Arequipa– en un verdadero campo de batalla en contra de la inversión privada. Los sectores radicales antimineros no solo asaltaron minas y concesiones, sino que Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grandes del mundo, acumuló más de 17 meses de bloqueos que impidieron trasladar el mineral al puerto. Si las concesiones respaldadas por la Constitución de 1993, las leyes nacionales y los tratados internacionales son violentadas de esta manera, ¿se puede sostener que en el Perú se respeta la propiedad privada? No es extraño que la inversión minera en el 2022 se haya desplomado en -23.2%.

Luego del golpe fallido de Pedro Castillo las olas insurreccionales que pretenden quebrar el Estado de derecho, derogar la Constitución de 1993 y convocar a una asamblea constituyente, igualmente, atacaron frontalmente a la propiedad privada: se destruyó e incendió plantas de la industria láctea, se intentó destruir las concesiones de los aeropuertos, se bloqueó la Panamericana Sur para desaparecer a las florecientes agroexportaciones de Ica y, en general, se buscó quebrar la economía nacional y los mercados populares. Los más afectados: las micro y pequeñas empresas y mercados emergentes del sur, la mayoría quebrados y en terrible recesión.

La advertencia de Walker para Chile, entonces, en el Perú debe amplificarse varias veces. Desde varios años atrás se ha dejado de respetar a la propiedad privada y el paroxismo anti inversión de Castillo es una especie de remate de una ola destructiva con viejo impulso. Necesitamos, pues, restablecer el Estado de derecho y enviar señales claras que la Constitución de 1993 está en plena vigencia.