Reformar el Estado para reconstruir y salvar el modelo

El ciclón Yaku está jalando el velo que ocultaba la falla principal del modelo peruano: el fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza que aportan los privados –mediante impuestos–, a través de inversiones en infraestructuras y obras de prevención ante desastres naturales. A nuestro entender son dos las causas principales de esta disfuncionalidad del Estado: las sobrerregulaciones y procedimientos que han convertido al Estado peruano a uno de los más burocráticos en la región –producto de una narrativa que demoniza al empresariado– y el proceso de regionalización que ha creado 24 instancias que reproducen todos los vicios, ineficiencias y corrupción del viejo Estado en el país.

A pesar de que la Constitución desregula mercados y precios, y prohíbe el Estado empresario, a pesar también de los 22 tratados de libre comercio que ha firmado el Perú, en las últimas tres décadas el Estado peruano se ha convertido en uno de los más burocráticos de la región. Semejante burocratización explica el fracaso estatal en la descolmatación de ríos, construcción de sistemas de drenaje y defensas ribereñas, y el desarrollo de un plan urbano que evite las quebradas que se activan con las lluvias y destruyen los escasos ahorros de la población más pobre. Allí también está la práctica desaparición de las asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos.

La burocratización del Estado es producto de una narrativa dominante que sataniza al sector privado y pretende empoderar al Estado, a la burocracia. La lucha contra la evidente corrupción, igualmente, terminó paralizando las inversiones en infraestructuras. Cualquiera sea el sector que se analice, la conclusión siempre será que el Estado es un vía crucis para la sociedad, el ciudadano y el empresario. Allí está la legislación laboral, entre las diez más sobrerreguladas del planeta, que explica el más del 85% de informalidad laboral del país. Allí también están las sobrerregulaciones ambientales, que han paralizado la exploración minera y en hidrocarburos. Cualquier empresa que pretenda obtener una Declaración de Impacto Ambiental en el país –sin la cual no se puede perforar para explorar– debe esperar entre 18 y 24 meses. En Chile se utilizan tres meses y en Canadá dos semanas. Es la única explicación de que no haya exploraciones en el Perú.

Otro de los muros que se han levantado en contra de la reconstrucción y la inversión en obras de prevención son la ineficiencia y la corrupción de los gobiernos regionales. El 50% del plan de inversiones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios debía ser implementado a través de las regiones. Los gobiernos subnacionales apenas gastaron el 60% del presupuesto para obras de prevención, y cuando se invirtió se hizo sin criterios técnicos mínimos.

Reconstruir para enfrentar los desastres naturales, pues, implica reformar el Estado. De alguna manera, el Ejecutivo y el Congreso deben desarrollar una legislación de emergencia que supere el Estado burocrático sin relajar la vigilancia ni los sistemas de control. Pero se necesitan urgentemente cambios para movilizar los enormes recursos del Estado en obras de prevención, con un plan de corto, mediano y largo plazo, considerando que se anuncia El Niño para el mes de octubre.

Reformar el Estado no solo implica superar la burocratización del Estado sino también superar todos los muros que ha levantado la regionalización. La señalada legislación de emergencia, inicialmente se podría aplicar en las regiones que necesitan inversiones en el corto plazo para evitar la devastación que podría traer un nuevo Niño.

En cualquier caso, la urgencia de la reconstrucción debería servir para superar un Estado sobrerregulado y burocratizado que nada tiene que ver con el régimen económico consagrado en la Constitución y con los 22 tratados de libre comercio que liberalizan nuestra economía y comercio exterior. Es la única manera de reconstruir y salvar el modelo que, gracias al sector privado, ha permitido triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población al 20%, antes de la pandemia.