Los proyectos antisistema en el Perú, incuestionablemente, se p...
En un reciente artículo publicado en El Comercio, Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), ha señalado que la informalidad laboral en el Perú, de más del 72% de la población en edad laboral, es “anormalmente” 44% más alta en comparación con otros países de similar ingreso per cápita. Casi las tres cuartas partes de los trabajadores peruanos no forman parte de ningún sistema previsional ni de salud.
Esta informalidad es la causa de la baja productividad nacional, por la constante rotación de los trabajadores en las pequeñas unidades de producción. Asimismo, el desamparo de la mayoría de trabajadores es fuente de inestabilidad social permanente. Como se ha señalado en diversas oportunidades, una de las razones de esta informalidad es la falta de flexibilidad para contratar y despedir, tal como sucede en todas las economías desarrolladas que han logrado altos estándares laborales y la expansión del bienestar.
A diferencia del resto de la economía nacional, la formalización y la reducción de pobreza sí avanzan en el agro a ritmos superiores gracias a la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360). En otras palabras, gracias a la flexibilidad que permite contratar de acuerdo a la estacionalidad de las actividades productivas (siembra, cosecha, mantenimiento). Los resultados del sector agroexportador están a la vista. Según Apoyo y Consultoría, entre el 2004 y el 2017 la pobreza en las regiones agroexportadoras se redujo en promedio del 67% de la población a 19%. De otro lado las ventas de las agroexportaciones se han disparado de US$ 800 millones a más de US$ 7,000 en el 2018.
Estos criterios flexibles deberían ser aplicados en otros sectores productivos en los que también existen estacionalidades laborales: los sectores forestal, acuífero, textil, construcción y otros. De más está señalar que la dinámica de las empresas y las inversiones siempre tiene un carácter estacional en las economías de mercado, más allá de que el crecimiento y el desarrollo sean las mayores garantías para el beneficio de los trabajadores.
Una sentencia del año 2000 del Tribunal Constitucional (TC) estableció en Perú el reino de la informalidad y la precariedad laboral, elevando los costos de los contratos temporales. La sentencia del TC permite la reposición del trabajador cuando es despedido por el empleador, en lugar de la correspondiente indemnización. El fallo del TC instaló la rigidez absoluta que, en la práctica, actúa en contra del trabajador peruano.
Informes de la Fundación Heritage señalan que los países con mayor flexibilidad laboral han elevado significativamente la competitividad, reduciendo el desempleo y la informalidad. Asimismo, en el Reporte de Competitividad 2017-2018, del Foro Económico Mundial, Perú ocupa el lugar 128 de un total de 140 países en cuanto a rigidez en contratos y despidos.
Para El Montonero.com no es extraño que la izquierda peruana y el marxismo del siglo XXI levanten banderas supuestamente favorables a “la clase laboral”, reclamando “derechos ganados”. El objetivo marxista se opone a la liberalización del trabajo para intentar detener inversiones que ofrece empleo y reducen pobreza.
La idea de la estabilidad laboral absoluta corresponde a empresas estatales que no están sujetas a los flujos de mercados, a las inversiones y las oscilaciones de precios. Finalmente corresponde a empresas que nunca fracasan; es decir, a corporaciones estatales que se financian con el impuestos de todos los miembros de una comunidad política.
Lo que llama poderosamente la atención es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo parecen interesados en promover una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo y acabe con la asfixiante informalidad. Al parecer han sido ganados por la lógica de las burocracias sindicales, que solo representan a menos del 25% de los trabajadores y que, paradójicamente, se oponen a la única medida que les devolvería protagonismo sindical: la formalización del trabajador mediante la flexibilidad laboral.
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