¿Por qué no se deroga norma que prohíbe tercerización laboral?

El Congreso de la República no puede ignorar el terrible daño que causará a más de 250,000 empleos directos y a cerca de un millón de indirectos el Decreto Supremo 001-2022 del sector Trabajo, que prohíbe la tercerización laboral en las actividades principales de cualquier empresa o entidad. Ya se empieza a conocer de cartas de despido en empresas privadas –e incluso en municipios– que informan a los trabajadores del fin de la relación laboral, porque no se podrá reemplazar la tercerización por contratos laborales directos.

En las actuales condiciones es casi imposible que los contratos de trabajo mediante tercerización laboral pasen al régimen común. Imposible. A pesar del superciclo de los precios de los minerales –que deberían permitir al Perú crecer por encima del 6%– la economía se desacelera gravemente y la expansión económica apenas llegará al 3% del PBI, una cifra con la que es imposible generar más empleo y reducir la pobreza. La inversión privada se desploma y no hay nuevas inversiones.

En este contexto, demostrando una gran ignorancia de la realidad económica, en el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo (MTPE) se publicó el Decreto Supremo 001-2022 que prohíbe la tercerización laboral. Semejante medida, que destruye empleos y fomenta la informalidad del trabajo, solo se puede explicar desde la lógica colectivista y comunista que pretende instalar una asamblea constituyente en el Perú. ¿Por qué?

Si bien el Gobierno ha retrocedido en las propuestas de la constituyente y las nacionalizaciones, semejantes anuncios han destruido la confianza empresarial y económica, y las posibilidades de nuevas inversiones. En este contexto, el MTPE comienza a legislar mediante decretos buscando ahogar la productividad y la competitividad de las empresas: se prohíbe la tercerización laboral y se aumenta la Remuneración Mínima Vital sin consultar al empresariado; es decir, sin consultar al sector que invierte, arriesga y crea empleo. Las medidas son tan arbitrarias que hasta la propia Organización Internacional del Trabajo se pronunció en contra.

¿Cuál es el objetivo de estas medidas? Avanzar hacia la colectivización de las relaciones laborales, ahogar la productividad de las empresas y agravar la ola de quiebras y cierre de empresas para facilitar las expropiaciones y estatizaciones. Si los sectores que defienden la Constitución y las libertades no entienden esta estrategia colectivista, vale señalar que en los sectores estatistas tienen las cosas absolutamente claras: necesitan detener el crecimiento, la reducción de la pobreza y extinguir a las clases medias para que el Estado quede como la única alternativa de empleo. En otras palabras, el estado empleador –tal como sucede en Venezuela–, que no es sino una de las caras del nefasto estado empresario que empobrece a la sociedad y enriquece a una oligarquía.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe derogar el DS 001-2022 del MTPE al término de la distancia. Y, por otro lado, la mayoría de bancadas en el Legislativo deben entender que si se trata de impedir la constituyente, las nacionalizaciones y el proyecto bolivariano, se debe iniciar una reforma laboral basada en la flexibilidad laboral.

La flexibilidad laboral es la apuesta por la productividad de las empresas privadas, es la apuesta por más inversión y más empleo, es el único camino que evita la quiebra de empresas y el surgimiento de un estado empleador, en el que las oligarquías comunistas manipulan a las masas empobrecidas. 

Igualmente, la flexibilidad laboral es la manera de replicar los niveles de bienestar y bajísimo desempleo de los países desarrollados (entre 3% y 5% de la población económicamente activa). Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia son los países con más flexibilidad laboral; y paradójicamente, existe tanto empleo que los trabajadores se han convertido en los únicos dueños de su futuro. Ellos deciden dónde y cómo trabajar.

Un camino hacia la reforma laboral, entonces, es la derogatoria del absurdo decreto supremo del MTPE y comenzar a discutir el restablecimiento de la vigencia plena de la Ley de Promoción Agraria –absurdamente derogada por la administración Sagasti–, una de las mejores leyes económicas de la historia republicana que, en base a la flexibilidad laboral, formalizó empleo como nunca.