¿Por qué el Congreso teme restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria?

En las últimas dos décadas las agroexportaciones crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad. Por la inercia de las inversiones de los últimos años, el 2023 las agroexportaciones también sobrepasaran los US$ 11,000 millones. Sin embargo, desde el 2024 ya no habrá crecimiento por falta de nuevos emprendimientos en el sector. Semejante suicidio económico se presentará, no obstante que las agroexportaciones se desarrollan en apenas 250,000 hectáreas; es decir, en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. Según diversos estudios y proyecciones la frontera agrícola se puede expandir en 400,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto derivadas de siete proyectos hídricos.

Si consideramos que en las últimas dos décadas se captaron más US$ 20,000 millones en inversiones, el empleo formal se incrementó de 460,000 empleos a más de un millón, entre directos e indirectos, y que la pobreza en las regiones agroexportadoras bajó por debajo de la media nacional, la pregunta es incuestionable: ¿Por qué le dimos un frenazo del milagro agroexportador? Si la pobreza en Ica, una de las regiones agroexportadoras por excelencia, ha bajado debajo del 10%, ¿cómo es posible que existan peruanos que contribuyan a detener el milagro agroexportador? Si los propios empresarios chilenos señalan que las agroexportaciones peruanas están desplazando a las sureñas, ¿acaso los enemigos de las agroexportaciones son activistas de otros países?

Más allá de las exageraciones en las interrogantes, todas ellas están absolutamente justificadas porque durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción del Congreso, igualmente provisional, de Mirtha Vásquez, se derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), la mejor ley económica de la historia republicana. Una ley que permitió convertir desiertos áridos en los cultivos del milagro agroexportador peruano que sorprende al mundo y que permitió incrementar las agroexportaciones en cerca de 1000%.

La Ley 27360 establecía un régimen promocional tributario del 15% del impuesto a la renta reconociendo que las inversiones en agroexportaciones demandan el mediano y largo plazo para alcanzar rentabilidad. La señalada ley junto a la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú formaron el marco legal del milagro agroexportador que hoy otros países pretenden replicar. Sin embargo, unas decenas de activistas radicales bloquearon la Panamericana y lograron derogar una de las mejores herramientas legales para luchar contra la pobreza.

Igualmente, la Ley 27360 establecía un régimen de flexibilidad laboral de acuerdo a los ciclos de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. Algunas empresas llegan a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por campaña con todos los derechos sociales reconocidos. De allí el avance del empleo formal en el sector. 

Luego de la derogatoria, la mencionada norma fue reemplazada por la Ley 31110 que, en la práctica, derogó el sistema de flexibilidad laboral porque promueve la creación de sindicatos, la negociación colectiva y la contratación preferencial de trabajadores con contratos anteriores en la empresa. 

Sin embargo, lo más grave de todo: la nueva ley estableció una Bonificación Extraordinaria del Trabajador Agrario (BETA) del 30% sobre la remuneración mínima vital. Es decir, se pasó de promover las inversiones en agroexportación a penalizar al sector, incluso con una remuneración sobre la remuneración mínima. Una verdadera locura colectivista que ve en la inversión privada y la reducción de pobreza en el agro a uno de los peores enemigos del antisistema y del radicalismo.

Planteadas las cosas así, tenemos que volver a preguntarnos, ¿por qué el Congreso no restablece la plena vigencia de la ley de Promoción Agraria? ¿A qué le temen las bancadas de la centro derecha que se enfrentaron a la constituyente de Pedro Castillo? Nadie lo entiende.