El Perú, en términos institucionales y económicos...
En la semana pasada el Congreso desarrolló un pleno sobre temas agrarios. Sin embargo, los congresistas no abordaron las verdaderas encrucijadas que atraviesa este sector, vital para la economía y la sociedad. De alguna manera solo parecían interesados en absolver las demandas de los gremios agrarios, que exigen más Estado, subsidios y proteccionismo.
En el mencionado pleno, por ejemplo, no se abordó la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria que establece un régimen tributario y laboral especial para el sector. La mencionada norma ha contribuido significativamente a la disminución la pobreza en la costa norte del país del 67%, de la población a 19% entre el 2004 y el 2017 (según Apoyo Consultoría), e hizo realidad el pleno empleo en Ica, región marcadamente agroexportadora. Ica es la región menos pobre. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo entre 2.1% y 4.8% de la población.
La ley vence el 31 de diciembre de 2021 y debería extenderse por 30 años más porque la maduración de los proyectos agrícolas necesita el largo plazo. Ante esta situación, Ricardo Polis, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), acaba de señalar que si se llega al 2021 sin la respectiva ampliación de la mencionada norma lo más probable es que los capitales agrarios emigren a Colombia, país que ha aprobado una normatividad similar a la dd la Ley 27360.
Asimismo, el llamado "pleno agrario" no trató otros temas capitales para el sector. Uno de los principales problemas es la carencia de agua. Algo paradójico, teniendo el Perú este recurso natural en abundancia. Asimismo, la falta de titulación para poner en valor las propiedades de los productores agrarios dificulta el crédito para la mayoría de los campesinos pobres. La baja productividad de la parcelas también se explica por la ausencia de infraestructura vial –de responsabilidad del Estado– que aleja los productos agropecuarios de los mercados y los encarece. Desde el humalismo, el Estado abandonó la asistencia técnica que debía proveer a los productos agrarios desde el sector Agricultura (Minagri). Las ideas de asociatividad –para promover la inclusión de los dos millones de pequeños y medianos parceleros al círculo exportador– no se difunden convenientemente.
Sin embargo, el pleno del Congreso se apuró en extremo en atender las demandas populistas de los gremios agrarios vinculados a mayor proteccionismo, política de subsidios, asistencialismo crediticio y otros. De allí la lista de proyectos que se comenzaron a discutir. Por ejemplo, iniciativas que promueven cooperativas de criadores de animales menores, que abordan el asunto del rol de la mujer en las comunidades y que proponen la planificación del sector, entre otros.
Llama, pues, en extremo la atención que el Congreso no se decida a abordar las normas urgentes que necesita el sector agrario para extender los altos niveles de productividad del sector agroexportador a las demás áreas de la agricultura, que permanecen en el pasado. En el Perú, como en otras zonas del mundo, subsisten economías y sociedades del siglo XXI con otras de siglos pasados. Las empresas agroexportadoras frente al minifundio de subsistencia, el nuevo trabajador de clase media de las unidades modernas de la agricultura frente al pequeño parcelero que apenas sobrevive.
El llamado pleno agrario, pues, lo único que revela es que el Legislativo está de espaldas a la realidad del país. Y que solo acompaña al Ejecutivo en este proceso de autodestrucción de los activos económicos y sociales que se construyen desde hace 30 años.
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