“Participación ciudadana”: ¡Otra demagogia de la izquierda!

Días atrás, diversos colectivos que se oponen de manera tenaz a la minería moderna en el país realizaron un foro webinar con la entusiasta participación de la presidenta del Congreso, Mirtha Vasquez. El evento no habría tenido mayor trascendencia, no obstante que Vásquez es la titular del Legislativo. ¿De qué se trató el mencionado foro? Ahora se lo contamos para entender de qué se trata este nuevo relato de la izquierda para liquidar las inversiones en el sector extractivo. Un relato en el que participa activamente la presidenta del Congreso.

Según los organizadores de este evento –la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso y oenegés como la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras y Grufides, entre otras– el encuentro tuvo como fin “abordar la importancia” de una ley marco sobre la participación ciudadana en el monitoreo y la vigilancia ambiental. ¿Por qué organizaciones no gubernamentales y congresistas promueven dicha ley, si en la normativa peruana ya se contempla la participación ciudadana en las operaciones y proyectos extractivos? 

La izquierda, que suele desarrollar poderosas narrativas, nos dice que los pueblos indígenas, la ciudadanía y las entidades fiscalizadoras tienen “limitadas competencias para enfrentar diversos problemas ambientales”, como incendios forestales, derrames de petróleo, extinción de especies, etc. De allí, entonces, que urge “institucionalizar y fortalecer” el monitoreo y la vigilancia ambiental.

No obstante, como dijimos líneas arriba, la normativa ambiental peruana, una de las más rígidas del mundo, contempla la participación de los pueblos indígenas (mediante la consulta previa, por ejemplo), así como de cualquier ciudadano, en el monitoreo social y ambiental de los proyectos y operaciones extractivas.Por ejemplo, en varias operaciones mineras se han formado comités de monitoreo y vigilancia que de manera permanente fiscalizan el uso del agua y la tierra, así como los posibles impactos en fauna y flora. Si bien estos comités son vigilantes y consultivos, dependen de instituciones como la OEFA o el Ministerio de Energía, que son las que sancionan los posibles impactos negativos.

La estrategia de la izquierda, desde el Legislativo y desde las oenegés antimineras, es otorgarle mayores poderes a los comités de monitoreo y vigilancia ciudadana con el fin de que sean estos los que sancionen y, a la postre, puedan paralizar los proyectos o las operaciones extractivas. Con esta estrategia, la izquierda y sus operadores influirían decididamente en las acciones y decisiones de los comités de monitoreo y vigilancia ciudadana.

Bajo el paraguas de la participación, que repetimos ya se contempla en la normativa nacional, la izquierda avanza. De allí su promoción desde un Legislativo presidido por una congresista como Vásquez, que ha tenido desafortunadas declaraciones contra el sector; por ejemplo, cuando dijo que “la minería existe desde hace 200 años, y de aquello solo ha quedado como herencia, pobreza y daño ambiental”, o que “este Estado indolente, si no criminal, ha negado a las víctimas del progreso incluso el derecho a saber que estaban contaminadas”.

Es obvio que la débil administración Sagasti apenas observa que los sectores anti inversión avanzan en su estrategia para desmontar, ladrillo por ladrillo, el modelo económico. Y esta vez lo hacen desde el propio seno del Estado. No debemos ser ingenuos para creer que la izquierda en verdad tiene buenas intenciones en promover este proyecto. Es solo otra estrategia para acabar con las inversiones privadas.