¿Para cuándo la reforma laboral?

El Gabinete presidido por César Villanueva daría la talla si se enfrenta a la extendida informalidad laboral, que abarca al 75% de la población económicamente activa (PEA). Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 8.9 millones de peruanos realizan actividades económicas sin contratos formales debido a las excesivas regulaciones laborales. Una situación que, según el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial (2017-2018), hace que Perú ocupe el puesto 129 de 137 países en cuanto a las políticas más rígidas para contrataciones y despidos.

Una de las causas de la informalidad radica en los fallos del Tribunal Constitucional (TC) que han establecido una estabilidad laboral absoluta que claramente contradice el espíritu de la Constitución de 1993. Por un reclamo del Sindicato de Telefonía Nacional, el TC declaró fundada la acción de amparo en contra del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 728, que establece que una indemnización repara el despido arbitrario en el trabajo. En abierta oposición, el fallo del Tribunal pretende que el camino es la reposición del trabajador en el empleo. Desde ese fallo populista y demagógico del TC ha aumentado la rigidez laboral.

Un ejemplo de formalización laboral es el desarrollado por la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27630), que le ha dado al país los mejores resultados en cuanto a disminución de la pobreza, índices altos de productividad y exportaciones agroindustriales, y que ha hecho retroceder a la informalidad en el sector agropecuario. La prórroga de esta ley todavía sigue encarpetada en el Congreso de la República, y existen otros proyectos que pretenden detener su vigencia en el 2021. La Ley establece —para el sector agropecuario— la contratación temporal, formal y con todos los beneficios; por ejemplo, en el tiempo de la siembra y la cosecha. En regiones como La Libertad, Piura e Ica —donde se desarrolla una intensa actividad agroindustrial que ha hecho retroceder a la pobreza en los últimos quince años —no existen debates sobre el sueldo mínimo porque, en promedio, los salarios son mayores.

La flexibilidad laboral, necesaria para reducir la informalidad, está asociada a la creación de empleo y producción per cápita. Según la fundación Heritage, en Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda —países con legislación laboral flexible— el desempleo bordea el 3% de la PEA. Asimismo, según reporte del Banco Mundial (2016), en Alemania el desempleo bordea el 4% de la PEA y el ingreso per cápita es de US$ 42,000 anuales. En Holanda el desempleo es del 6% y el ingreso per cápita de US$ 45,000 anuales. En Dinamarca, el desempleo es de 4% y el ingreso per cápita de US$ 53,000 anuales. Estas cifras indican la importancia de reformular las leyes laborales del Perú.

Los sectores populistas y antisistema profundizan sus leyendas y relatos sin observar que la globalización y los tratados de libre comercio ayudan a mejoran la productividad y competitividad de los países. Si los ministros de Economía, Minería y Producción decidieran debatir la flexibilización laboral en el seno del Gabinete, probablemente encontrarán la resistencia de los ministros de Trabajo, Salud, Educación e Inclusión Social, por sus conocidas tendencias políticas, vinculadas al estado empresarial, subvenciones y mercantilismo. Algo que ya experimentó el país durante la dictadura de Juan Velasco.

Hoy, la nueva clase media exige calidad en los bienes y servicio que consume, además de bienestar, mejores sueldos y todo aquello que observa en el primer mundo. La gestión Vizcarra, entonces, debe impedir que esas exigencias sean canalizadas por el radicalismo antisistema, que se perfila para las elecciones presidenciales del 2021 con el propósito de revertir todo lo avanzado. Y uno de los caminos más seguros para atender esas demandas es pensar en cómo superar la agobiante informalidad.