¡No destruyan el sistema privado de pensiones!

La comisión de Trabajo del Congreso acaba de aprobar un nuevo retiro de los aportantes del sistema privado de pensiones que puede llegar a sumar S/ 18, 400, es decir 4 UIT. Se calcula que semejante medida significará la descapitalización del sistema en alrededor de S/ 37,000 millones. La decisión de la referida comisión legislativa se produjo no obstante las opiniones en contra del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, que criticaron la medida luego de que previamente la comisión de Economía del Legislativo aprobara el señalado retiro.

Al cierre de esta edición el pleno del Congreso debatía si se aprobaba o no el dictamen de la comisión de Trabajo. Finalmente se aprobó el dictamen y la consecuente destrucción del sistema privado de pensiones.

Se calcula que con esta nueva decisión se retirarán S/ 37,000 millones de las AFP, cantidad que se sumará a los S/ 66,000 millones retirados del sistema privado de pensiones en el transcurso de dos años. La suma total de retiros sobrepasará los S/ 92,000 millones, una cantidad que representa casi el 12% del PBI.

Con este nuevo retiro de fondos de las AFP, el sistema privado de pensiones –basado en los aportes de los afiliados a cuentas individuales que son administradas por empresas privadas– entrará en su etapa final, porque el mayor ahorro privado de la historia republicana dejará de ser un sistema previsional y se convertirá en uno de ahorro para el corto y mediano plazo.

Vale informar, por ejemplo, que 2.3 millones de afiliados vaciaron sus cuentas previsionales con los retiros aprobados en el 2020 y el 2021. Con el nuevo retiro algunos economistas señalan que cerca de cinco millones de afiliados podrían descapitalizar al límite sus cuentas individuales.

¿Cuál será la principal consecuencia de esta decisión del Congreso? El fin del sistema privado previsional, basado en cuentas individuales, significará el retorno total del sistema estatal de reparto –a través de la Oficina de Normalización Previsional– en que los aportes previsionales son administrados por la burocracia estatal. En otras palabras, a partir de esta medida los funcionarios nombrados por Perú Libre se convertirán en administradores de los fondos previsionales.

En el sistema estatal de reparto todos los trabajadores activos aportan a un fondo común con el que se pagan las pensiones de los jubilados. En el sistema previsional privado los afiliados aportan a una cuenta individual que se capitaliza por las inversiones de las AFP en diversos mercados nacionales y también internacionales.

El gran problema del sistema estatal de reparto no solo consiste en la posibilidad de los políticos de despilfarrar el ahorro previsional en proyectos de elefantes blancos estatales y en políticas de clientela populista –tal como sucedió en el Perú en los setenta y como pasó en la Argentina de los Kirchner, cuando se birlaron las cuentas previsionales–, sino que también es inviable por el aumento de la longevidad de los jubilados.

El avance de la ciencia médica y los sistemas sanitarios ha incrementado considerablemente la esperanza de vida. En este contexto, en las sociedades tiende a existir más jubilados y menos trabajadores activos que aportan al fondo común previsional estatal. A partir de esta realidad se crean déficits fiscales que terminan arruinando las economías nacionales.

Si a la destrucción del sistema privado de pensiones le sumamos el hecho de que solo el 30% de los peruanos pertenece a un sistema previsional, mientras que la inmensa mayoría de trabajadores sobreviven sin imaginar una pensión en el mañana, podemos comprender la enorme irresponsabilidad de los políticos y el Congreso.

Es incuestionable que el sistema de las AFP requiere reformas urgentes. Por ejemplo, se necesita mayor competencia para aumentar la rentabilidad de los aportantes, no obstante que por cada sol aportado por el afiliado existen dos soles ganados por las inversiones del sistema privado de pensiones. Sin embargo, cualquier reforma, cualquier propuesta de un sistema previsional integral tiene que basarse en el sistema de cuentas individuales y debe rechazar el sistema estatal.