Minem reconoce fracaso de formalización minera

En el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se comienza a reconocer que el proceso de formalización minera —que se desarrolla en base al ordenamiento legal aprobado por el ministro de Ambiente del pasado Gobierno nacionalista, Manuel Pulgar Vidal— es un verdadero fracaso. Sin embargo, como se trata de dorar la píldora, se comienza a argumentar que la causa del fracaso es la regionalización. Como se sabe la regiones ven los temas de la minería artesanal. No obstante, no hay regionalización ni centralización que funcione si las normas formalizadoras se proponen adrede excluir de la legalidad a los más de 400,000 mineros informales del país. El problema principal, entonces, no está en las políticas descentralizadoras, sino en la normatividad general.

¿Por qué se empieza a aceptar el fracaso? En el Minem se afirma que en el Perú existen 300,000 mineros artesanales. Ya es un avance. De ese total solo 70,000 firmaron una declaración de compromiso a favor de la formalización, apenas 30,000 pasaron la etapa de saneamiento legal, y la ínfima cantidad de 112 mineros artesanales lograron formalizarse durante el nacionalismo. En la administración pepekausa se habla de 5,000 mineros artesanales formalizados, pero las organizaciones de los mineros informales están exigiendo que se aclare si semejante cantidad se refiere a número de operadores o de mineros artesanales, para evitar los errores del nacionalismo. En cualquier caso todo huele a fracaso en la formalización minera.

¿Cuál es la explicación del fracaso? Existen varias, pero las principales están establecidas en los decretos legislativos N° 1100 y N° 1105, que señalan los procedimientos generales de formalización y la definición de minería ilegal. Por ejemplo, al minero artesanal se le exige RUC, libros contables de los últimos cinco años, declaraciones anuales de los últimos cinco años e incluso las reservas de mineral proyectadas. Si se demandan todos los requisitos señalados para la gran minería, ¿puede formalizarse un minero artesanal? De ninguna manera.

En cuanto a la definición de minería ilegal, el asunto es igual de grave: cualquier minero artesanal que incumple normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental puede caer bajo la figura de “minería ilegal”. El asunto se complica porque el Gobierno pepekausa promulgó un decreto legislativo en el que se considera a los delitos de minería ilegal como parte de los delitos de crimen organizado. Es decir, cualquier minero artesanal puede ser procesado bajo la figura de crimen organizado, de acuerdo a la discrecionalidad de policías, fiscales y autoridades administrativas.

Si a estos hechos le sumamos que la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente solo buscan sancionar, multar, promover embargos y la eventual criminalización de los mineros artesanales, las razones por las cuales fracasa la formalización minera en el Perú quedan absolutamente claras.

En la base del fracaso de la formalización minera, entonces, está una visión excluyente de la pequeña minería, que considera que la actividad minera en el Perú solo debe ser realizada por grandes compañías. Esta concepción y estos intereses, de una u otra manera, se han dado maña para hacer pasar leyes, reglamentos y resoluciones que han organizado una floresta burocrática en contra de la formalización minera.

Sin embargo, lo más grave de esta conducta en el Estado es que se arroja a más de 400,000 mineros artesanales bajo la influencia de las propuestas antisistema, que buscan apropiarse de las banderas sociales del pequeño minero. Todo esto sucede no obstante que los mineros artesanales representan una fuerza proempresarial, promercado y procapitalista, que puede ser decisiva para convertir al Perú en un país minero en el que prosperen grandes, medianas y pequeñas inversiones.