Más Estado y más minifundio destruyen agro

El 24 de junio fue fecha propicia para reflexionar sobre la crisis del sector no moderno del agro. Llamó la atención que los dirigentes de los gremios de productores agrarios apoyen la propuesta de Fabiola Muñoz, titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), acerca de crear el viceministerio de Agricultura Familiar y Servicios Agrarios. ¿Acaso se puede seguir creyendo que con más Estado se mejora la productividad de los sembríos y se logra que los productos agrarios se comercialicen en los mercados locales e internacionales? ¿No se percibe la enorme diferencia entre la agricultura de exportación (que crea empleo) y la de subsistencia (del minifundio)?

En la misma línea, un proyecto de ley en el Congreso propone cambiar el nombre del de Ministerio de Agricultura y Riego por el de Ministerio de Desarrollo Agrario para —según la ministra— atender las “categorías críticas del sector”. ¿El cambio de denominación posibilitará acaso que los minifundios cuenten con asistencia técnica para que los sembríos consuman agua eficientemente, que se combata a las plagas y se comercialicen los productos?

Según el IV Censo Nacional Agrario 2016, en el Perú existen cerca de 2.26 millones de minifundistas, con parcelas no mayores a las cinco hectáreas. De acuerdo a las investigaciones del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) la tendencia al minifundio se sigue incrementando entre las familias rurales, lo que obliga a que en el Estado y en la clase política se reflexione sobre esta situación, porque con el predominio del minifundio la productividad agraria se vuelve inviable.

Existe un sector de la sociedad y sectores de técnicos que participan de la idea de que el minifundio es una posibilidad para que los agricultores alcancen el bienestar. Según este criterio faltaría más Estado, más asistencia y crédito, y todo quedaría solucionado. Estos criterios ignoran que la productividad, la eficiencia y el desarrollo de tecnologías solo se logra en la agricultura a gran escala. Es decir, grandes extensiones de cultivo con alta intensidad de capital.

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, con la agricultura familiar, de pequeña escala, se solucionará la situación de pobreza y hambre de los pobladores rurales. Sin embargo, las poblaciones rurales disminuyen en el país y se concentran en la costa norte y el sur, hasta Ica. El motivo: las inversiones y oportunidades laborales que ofrece el sector agroexportador. Según los censos nacionales de población y vivienda 2017 —del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) —, la costa exportadora concentra el 58% de la población.

Para descartar la viabilidad del minifundio solo bastaría mirar los resultados de la agroindustria en base a cultivos en gran escala y alta intensidad de capital. En 18 años de vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) las exportaciones agrarias crecieron en casi ¡900%! Según Apoyo Consultoría, entre el 2004 y el 2017 la pobreza se redujo en la costa agroexportadora de 67% a 19%. De allí que las propuesta de fomentar la asociatividad para romper las barreras crediticias y la falta de asistencia técnica es un asunto de primer orden. Igualmente, la urgencia de titular los predios es otro asunto capital. 

No se habla de la nada. Ya existen ejemplos exitosos de asociatividad. Según Alfonso Velásquez, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), los productores de palta de Perú, México y Colombia han logrado unirse para conquistar los mercados del mundo. También se menciona el caso de los productores de cebolla de Arequipa que, en el 2017, lograron comercializar el 35% de su producción en Estados Unidos, España, Brasil y Holanda. De igual manera, en 2018 los productores del valle Tambo (Arequipa), exportaron 40 toneladas de ajo chino. 

Los llamados dirigentes agrarios exigen más Estado, mientras ignoran las urgencias real de salvar a las familias agrarias de la subsistencia y pobreza del minifundio.