Los enemigos de la reducción de pobreza en el agro

Uno de los mayores absurdos económicos de las últimas dos décadas fue la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que estableció un régimen promocional tributario y laboral para la inversión en el campo. La derogatoria se produjo cuando unas decenas de pobladores bloquearon la Panamericana Sur y se enfrentaron a la policía nacional (PNP). En ese entonces, el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción provisional del Congreso de Mirtha Vásquez convergieron para derogar una de las mejores leyes económicas de nuestra historia republicana.

Bajo el imperio de la Constitución de 1993, la Ley de Promoción Agraria derogada y los 22 tratados de libre comercio, en dos décadas, las agroexportaciones crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en el 2022. Igualmente se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y el empleo formal aumentó de 460,000 trabajos directos e indirectos en el 2004 a más de un millón entre directos e indirectos de la actualidad. De la misma manera las tasas de pobreza en las regiones agroexportadoras bajaron debajo de la media nacional que, en sus mejores momentos, se ubicó en el 20% de la población. En Ica, por ejemplo, la tasa promedio de pobreza llegó al 10% de la población.

La derogatoria de la ley 27360 derogó, por ejemplo, el régimen promocional tributario que establecía una tasa de 15% en impuesto a la renta para todo el agro. Los parceleros y los emprendimientos agroexportadores requieren estas políticas promocionales porque las inversiones están sometidas a los riesgos de la naturaleza y demandan varios años en madurar. El gran problema de esta derogatoria es que ha dejado sin posibilidades de formalizarse a más de 2 millones de parceleros que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura. La inversión de las agroexportaciones se desarrolla en apenas el 5% de la superficie agrícola.

Otro de los grandes crímenes económicos y sociales de esta derogatoria es que se eliminó el régimen de flexibilidad laboral que ha posibilitado contratar a más de un millón de trabajadores formales de manera directa e indirecta. Bajo la derogada ley se promovía la contratación intensiva de trabajadores formales de acuerdo a la estacionalidad del agro: siembra, mantenimiento y cosecha. Algunas empresas llegaban a contratar entre 10 mil y 15 mil trabajadores por campaña.

La ley 31110 que reemplazó a la ley de Promoción Agraria, muy por el contrario, promueve la creación de sindicatos agrarios y establece un sistema de negociación colectiva especial para el sector. Asimismo, establece la contratación preferencial de los trabajadores previos ignorando la revolución social que ha desatado la flexibilidad laboral en el campo.

Sin embargo, una de las cosas más graves de la ley 31110 es que establece una bonificación extraordinaria del trabajador agrario (BETA) del 30% sobre la remuneración mínima vital a nivel nacional (RMV). ¿Qué significa semejante disposición? Que el salario agrario está en 30% sobre la RMV, es decir, se fija un precio al margen de la productividad de las empresas y se golpea al empleo formal. Las consecuencias de este absurdo son dos: las empresas más pequeñas tienden a la informalidad y las más grandes apuntan a la mecanización a comprar maquinaria para reemplazar trabajadores. De cualquier manera, se dinamita el empleo formal en el agro.

Por todas estas consideraciones las bancadas democráticas del Congreso deberían proceder con urgencia a restablecer la Ley de Promoción Agraria y a derogar todas las normas que pretenden bloquear la inversión privada y la creación de empleo.