Los “bonos solidarios” de los antimineros

En la provincia de Espinar (Cusco), los autodenominados dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) exigen que las compañías mineras entreguen “bonos solidarios” de S/ 1,000 a cada poblador mayor de 18 años inscritos en los padrones electorales. Según los dirigentes, las empresas están obligadas porque los bonos provienen de los fondos de desarrollo sostenible que las compañías mineras otorgan a las comunidades de las zonas de influencia minera.

Es evidente que la versión de los antimineros acerca de los bonos es una falsedad. Es una manera de crear expectativas infundadas con el objeto de generar conflictos artificiales entre las poblaciones y las empresas. Desde el inicio del estado de emergencia y el confinamiento, la mayoría de pobladores de Espinar recibió el bono otorgado por el Estado. Además, en Espinar no existe crisis sanitaria debido a los pocos contagiados y decesos, como sucede también en la mayor parte de las zonas mineras.

La denuncia del FUDIE sobre la obligación de las mineras de entregar bonos de solidaridad fue rechazada por la Federación Unificada de Campesinos de Espinar y la Federación de Campesinos de la Cuenca Cañipia. Los campesinos se oponen a que se gaste el dinero de sus fondos de desarrollo –destinados a inversiones para mejorar la infraestructura– en una entrega indiscriminada de bonos.

 Los opositores a la entrega de bonos señalan que “los programas de desarrollo en camino se detendrían y peligraría el futuro de nuestros hijos. Con los bonos se despilfarra el dinero”. Igualmente se sabe que los dirigentes antimineros de la provincia de Caylloma (Arequipa) también exigen la entrega de bonos, y que en los próximos días este tipo de demanda se generalizaría en todas las operaciones mineras del país.

La entrega de bonos solidarios viola los acuerdos firmados entre las comunidades y las mineras. Los fondos de desarrollo han sido establecidos para proyectos sociales que generan empleo y están vinculados a salud, educación, cuidado del medio ambiente, actividades económicas de las comunidades y desarrollo comunitario. Esos fondos no pueden ser utilizados en consumo. 

Para Víctor Góbitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), los fondos de desarrollo han sido diseñados para cerrar brechas. “Si se reparte dinero en efectivo se alivian los problemas del corto plazo, pero ninguno del largo plazo”, señala. Según diversos cálculos, los desembolsos por bonos solidarios ascenderían a montos entre S/ 40 millones y S/ 50 millones, en el caso de la provincia de Espinar; y de S/ 3 millones en Caylloma. Vale señalar, por ejemplo, que la minera Hudbay –que opera en la provincia de Chumbivilcas– ha firmado acuerdos de cooperación anuales de hasta S/ 3 millones para proyectos de desarrollo social y económico. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre 2009 y 2014, en Chumbivilcas, gracias a la minería la pobreza se redujo de 85% a 50.7% de la población. 

Repartir dinero destinado a obras e intervenciones en las comunidades es parte de una estrategia política. En época pre electoral, por demagogia y de cara a las elecciones 2021, los dirigentes vinculados a la izquierda y el marxismo pretenden pulverizar los fondos destinados a transformar las comunidades mineras. Inversiones de S. 3 millones o más para un año se harán polvo en un día. Asimismo, por la promesa de los bonos retornarían muchos pobladores que muchos años atrás dejaron de vivir en el campo. Por estar registrados en el padrón electoral reclamarán un beneficio que no les corresponde. 

En la zona andina, en lugar de promover la entrega de bonos, los “dirigentes” deberían exigir a las autoridades del Ejecutivo y gobiernos locales el fomento de inversiones privadas que generan trabajo para los pobladores. Al respecto, según Góbitz, por parte de la minera Antapaccay en Cusco están pendientes S /55 millones en proyectos de desarrollo acordados con la comunidad, entre ellos 14 proyectos que ofrecen empleo temporal para 7,000 personas. Manos a la obra. La población reclama trabajo en lugar de bonos.