Liquidación de compra para formalizar minería

El gobierno de Martín Vizcarra acaba de publicar un decreto supremo que autoriza pagar los impuestos mediante el sistema de liquidación de compras solo a un sector de productores artesanales de Puno, los llamados “pallaqueros”, que recogen los deshechos trabajados por los mineros informales y que utilizan mercurio para extraer oro. La pregunta que surge es, ¿por qué solo se aplica la liquidación de compra para un sector de mineros artesanales?

La pregunta es relevante porque hasta el gobierno nacionalista el sistema tributario reconocía la modalidad de liquidación de compra como un mecanismo para formalizar la minería artesanal. Pero antes vale definir qué significa el sistema de liquidación de compra: una persona jurídica o natural emite un documento mediante el cual se descuenta el 4% por renta y el 18% por IGV del total de una determinada compra. De acuerdo a la legislación tributaria, los pequeños productores en el agro, pesca, extracción de madera, productos silvestres y minería artesanal pueden acogerse a esta modalidad. ¿Qué permite la liquidación de compra? Que vastos sectores de productores informales pongan un pie en la formalidad, en la medida en que carecen de derechos de propiedad, de empresa y de todos los documentos requeridos por la formalidad.

En cuanto a la minería artesanal el sistema de liquidación de compra se aplicaba hasta el gobierno nacionalista. Las más de 200 plantas formales e informales que compran la producción de los mineros artesanales utilizaban esta modalidad y, de una u otra manera, todos ganaban: el Estado porque recaudaba impuestos y los mineros artesanales porque empezaban un largo proceso de formalización y acogimiento a las leyes ambientales. Sin embargo, la obsesión del ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, en contra de las plantas de beneficio lo impulsó a derogar este sistema para los mineros artesanales.

A partir de este absurdo al minero artesanal se le exigió libros contables, declaraciones juradas anuales, contratar a un contador, los contratos de explotación de yacimientos y el cálculo de las reservas de mineral y otros imposibles que llevaron al fracaso de la formalización. Hoy de un total de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 han firmado una carta de compromiso, 30,000 han pasado a la etapa de saneamiento físico legal, pero apenas 113 logró formalizarse. En este contexto, la informalidad se dispara: de ese masivo universo de mineros artesanales solo 5,000 tributa al Estado (395,000 no pagan impuestos). Y lo más grave: en el Perú se produce entre 3,000 y 5,000 kilos de oro mensuales sin facturar, y se exporta US$ 2,500 millones anualmente de manera informal. Es decir, todos perdemos.

En vez de autorizar la liquidación de compra solo para un sector de mineros artesanales, entonces, se debería extender el sistema al conjunto de la minería artesanal para lograr que los pequeños productores pongan un pie en la formalidad. En este contexto, las pequeñas plantas de beneficio —que pasarían a ser las encargadas de emitir facturación mediante liquidación de compra— deberían convertirse en las grandes aliadas del Estado en la formalización.