Ley de Promoción Agraria: ¡base de reforma tributaria y laboral!

La megarrecesión que se devorará alrededor del 15% del PBI y que ha destruido cerca de siete millones de empleos, demandará no solo un ajuste fiscal para cerrar el déficit y reducir la creciente deuda, también planteará la urgencia de un paquete de reformas estructurales: el fin de la sobrerregulación del Estado, las reformas de la educación y la salud, el relanzamiento de las inversiones de infraestructuras y las reformas tributaria y laboral.

A nuestro entender, la Ley 27360, llamada Ley de Promoción Agraria, debería convertirse en la base de las reformas tributaria y laboral, no obstante las iniciativas y campañas de populistas y comunistas que buscan derogarla y acabar con las inversiones en el agro. En el easpecto tributario, esta ley establece un impuesto a la renta del 15% del impuesto (a diferencia del 30% del régimen general), la devolución del IGV y la depreciación del 20% en inversiones hidráulicas. Es evidente que si antes de la pandemia solo el 40% de la economía era formal, no es posible imaginar una reducción general en renta de un solo golpe. El Estado quedaría desfinanciado. Sin embargo, en el mediano plazo el régimen tributario del agro debería ser observado como modelo para la gran reforma tributaria que necesita el país.

Antes de la Ley 27360 las agroexportacioones apenas llegaban a los US$ 643 millones. Hoy el sector Agricultura informa que la agroexportación seguirá creciendo y llegará a US$ 8,000 millones. Pregunta para los comunistas y populistas del Perú: con la Ley de Promoción Agraria, ¿el Estado recauda más o menos? Un estudiante de primaria conoce la respuesta. Entre el año 2000 –fecha de inicio de la mencionada ley– y el 2017 la recaudación fiscal aumentó de S/ 73 millones a S/ 569 millones.

Pero no se vaya a sostener que las agroexprotaciones siguen creciendo solo porque el mundo no deja de comer. Es una parte de la verdad. En el 2019, debido a la crisis política, en el Perú las empresas repartieron utilidades por el orden de US$ 22,000 millones. El único sector que continuó reinvirtiendo fue el agroexportador. Es decir, sin el régimen tributario agrario no habría reinversión.

De otro lado, como los principales cultivos de la agroexportación suelen producir en décadas (algunos entre 30 y 40 años), se considera la devolución del IGV y la depreciación en obras hidráulicas. ¿Qué inversionista puede seguir pagando impuestos sin ganar nada en años? Quien diga lo contrario está planteando la estatización de los privados.

Otro de los aspectos centrales del régimen tributario agrario es que ha posibilitado la formalización empresarial como nunca en la historia del agro. De una u otra manera es evidente que no se necesita una ley para pymes en el agro, como sucede en los demás sectores de la economía, altamente sobrerregulados. El número de empresas agroexportadoras hoy llega a 8,300. Y el 80% de ellas son pequeñas unidades.

Como se aprecia solo un antipatriota o un enemigo de los pobres pretendería derogar la Ley de Promoción Agraria. Pero eso no es todo. El régimen laboral –que posibilita contratar y despedir de acuerdo a la estacionalidad de la siembra, el mantenimiento y la cosecha– también ha desarrollado varios círculos virtuosos. Por ejemplo, entre el 2004 y el 2017 los empleos formales del agro se incrementaron de 130,000 a 250,000: y en las zonas agroexportadoras de la costa la formalidad se incrementó de 25% a 44%.

En otras palabras, los principios de flexibilidad que rigen las relaciones laborales de los países desarrollados forman parte del milagro agroexportador del país. En algunas zonas –como Ica, por ejemplo– se ha llegado al pleno empleo, y los trabajadores consiguen ingresos que superan largamente el sueldo mínimo vital establecido por el Estado. En esas áreas el trabajador calificado impone las condiciones de la relación laboral.

El laboratorio de la agroexprotación, que crece y reduce pobreza sin cesar, que incrementa el bienestar de los trabajadores y las poblaciones, entonces, debería convertirse en el modelo para reformar todo el sistema tributario y laboral nacional.