¡Ley de Hidrocarburos, ya!

El nuevo proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) ya está listo para ser aprobado en el Congreso de la República. Según se anunció, el proyecto ha sido consensuado con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y con el Ministerio del Ambiente (Minam). Cuenta, además, con la aprobación de las distintas instituciones vinculadas al sector de petróleo e hidrocarburos, como la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), y el respaldo decidido de los trabajadores petroleros, agrupados en la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Petroleros, Energéticos y Conexos del Perú (Fenupetrol).

Con la nueva LOH se reducirá la importación de petróleo y el déficit de consumo (240,000 barriles diarios). Asimismo, se incrementará la producción de 40,000 a 70,000 barriles diarios de petróleo. Con inversiones que sumen US$ 5,000 millones se podrá producir 100,000 barriles de petróleo al 2021, generando 5,000 nuevos puestos de trabajo (tres indirectos por cada directo). Inversiones que, además, incrementarán las reservas probadas y aumentarán el Producto Bruto Interno (PBI) nacional. La nueva Ley permitirá la vigencia de los contratos por 40 años, tanto para petróleo y gas.

La mala situación del sector —en el quinquenio de Ollanta Humala no se concesionó ningún lote petrolero— también se explica por la influencia creciente del ambientalismo ideológico que ha bloqueado las inversiones, perjudicando a las comunidades amazónicas y costeras. Tal es el caso reciente de los contratos que estuvieron listos para ser firmados entre la petrolera Tullow y el Estado peruano, para la explotación de petróleo frente a la costa norte el país. Luego de una reunión entre el presidente Martín Vizcarra y unos cuantos “sindicalistas” pesqueros, el presidente Vizcarra decidió abandonar los contratos y las negociaciones que por mucho tiempo mantuvieron Tullow y PeruPetro. Los sindicalistas reunidos con el presidente argumentaron falsamente sobre contaminaciones en la costa que afectarían a la biomasa norteña, y con ello a la pesca peruana.

La novedad de la LOH es el establecimiento como causal de terminación de contrato del incumplimiento de las normas ambientales por actos de corrupción. No será nada extraño que las denominadas federaciones que agrupan a comunidades nativas, influenciadas por las ONG ambientalistas, intentarán bloquear las operaciones petroleras aduciendo contaminaciones ambientales y acusando a las petroleras. Y a pesar de que se sabe que ciertos derrames de petróleo han sido actos de sabotaje que no se han investigado exhaustivamente.

Por otro lado, el sector hidrocarburos está expuesto a las disposiciones que modifican las áreas protegidas por asuntos ambientales. Por ejemplo, las contenidas en el DS 004-2018-MINAM establecen que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y los gobiernos regionales establecen las zonificaciones de las áreas naturales protegidas, de administración nacional y regional. Sin embargo, el DS retira la opinión vinculante del Sernanp en la elaboración del Plan Maestro de las Áreas de Conservación Regional. El DS pone en peligro la continuidad de la exploración y explotación de hidrocarburos por los distintos “pareceres” entre las autoridades regionales y las empresas. Recordemos que durante la gestión de César Villanueva como presidente regional de San Martín se paralizaron las actividades de la empresa Repsol por los “desentendimientos” con la autoridad respecto al lote concesionado.

El entusiasmo alrededor de la nueva LOH no es compartido por el sector del ambientalismo ideológico organizado alrededor de diversas ONG. Estas ONG fungen de asesores de las numerosas federaciones de la selva amazónica y de pescadores artesanales con el propósito de detener todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Un proyecto de ley pendiente en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), pretende declarar como Área Natural Protegida (ANP) la Isla Foca, el Ñuro, Los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, en los departamentos de Piura y Tumbes.

El área que aparentemente se intenta proteger, de 116,000 hectáreas, afecta a siete lotes petroleros y a un enorme potencial de recursos por explorar. Es así como la izquierda apunta a detener el crecimiento y desarrollo de los más pobres. Impide la generación de nuevos puestos de trabajo formal que ofrecen las inversiones privadas.