Las Bambas reduce 70% de producción por bloqueos

Los recientes bloqueos del Corredor Vial del Sur –desde el 28 de octubre en Velille (Chumbivilcas en Cusco) y desde el 8 de noviembre en Challhuahuacho (Cotabambas, en Apurímac)– ha determinado que Las Bambas produzca solo en un 30% de su capacidad por la imposibilidad de transportar alimentos e insumos decisivos para desarrollar la actividad minera. 

Considerando que Las Bambas es una de las diez minas de cobre más grande del planeta, que representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y más del 75% de los ingresos de la región Apurímac, incuestionablemente estamos ante un crimen social y una frivolidad de minorías radicales y sectores antimineros sin precedentes. Con estas acciones, pierden el Perú y, sobre todo, los pobres de la región Apurímac y del sur en general. Menos producción representa menos ingresos para el gobierno regional, los gobiernos locales y las universidades.

El asunto es más grave de lo que parece. Las Bambas, una megamina con una proyección de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC), ha tenido que reducir sus expectativas de producción para este año a solo 240,000 TMC. Evidentemente los bloqueos del corredor vial son una de las causas de la caída de la producción. Al respecto vale señalar que, desde el inicio de las operaciones, Las Bambas acumula cerca de 560 días de interrupciones de la vía que impiden enviar mineral al puerto.

Otro de los factores en la reducción de la producción de Las Bambas tiene que ver con la invasión por unas decenas de pobladores de Huancuire del tajo de Chalcobamba. Es decir, del tajo que debe suplir al tajo Ferrobamba, con menos calidad por los años explotados, desde el inicio de las operaciones.

Las demandas de los sectores que bloquean el corredor vial en Velille y en Challhuahuacho pretenden que todas las comunidades sean declaradas áreas de influencia directa de la mina, al margen de su ubicación geográfica y la relación con la operación minera. Se conoce de demandas de comunidades que están emplazadas entre 200 y 250 kilómetros de la mina.

Por otro lado, algunas comunidades exigen a la minera las obras y las inversiones que deberían ser desarrolladas por el Estado. A nuestro entender, esta radicalización de las demandas y las acciones directas de masas de minorías radicalizadas responde al objetivo de detener la producción de cobre del Perú para favorecer a nuestros competidores internacionales, que suelen financiar a las oenegés antimineras. Y estos objetivos se entrecruzan con simples intereses rentistas de abogados y dirigentes comunales y con la conocida estrategia bolivariana que pretende estatizar los recursos naturales, sobre todo las minas de cobre.

Si el Gobierno de Pedro Castillo no hubiese alentado y respaldado la radicalización de estas demandas y, de otro lado, el Ejecutivo no hubiese renunciado a ejercer el principio de autoridad democrática, a hacer respetar la Constitución y las leyes, de ninguna manera se presentaría esta situación. Todo es una puesta de escena en contra de los intereses del país.

Ante esta situación el Gobierno Regional de Apurímac, la Cámara de Comercio de Apurímac, el sindicato de trabajadores de Las Bambas y más de 56 empresas contratistas y proveedoras de la operación minera, se han pronunciado exigiendo que se restablezca el Estado de derecho en la zona.

El Perú, las mayorías nacionales y la oposición política no pueden permanecer indiferentes ante la destrucción de una de las minas más grandes del planeta. Con cada día paralizado, el país deja de recaudar más de S/ 5.2 millones de soles (S/ 4 millones por renta y S/ 1.2 millones por regalías). Igualmente, el Perú deja de exportar cerca de US$ 9.5 millones diarios.

Si el Perú permite que se destruya Las Bambas, entonces será difícil detener los planes del eje bolivariano que busca estatizar la minería en el país. A partir de allí la asamblea constituyente será una posibilidad cercana.