El Perú, en términos institucionales y económicos...
Es hora de comenzar a hablar con claridad para evitar el camino hacia atrás, la involución económica y social, en la que suelen caer las sociedades que, repentinamente, dejan de crecer y reducir la pobreza, tal como sucede en el Perú. En las últimas tres décadas, en el país reducimos la pobreza como nunca (del 60% de la población a 20% antes de la pandemia) y luego dejamos de reducir este flagelo social. Otra manera de decirlo: reducimos la pobreza cuando la inversión privada se movilizaba y aumentamos cuando ella se paralizó. No hay otra explicación.
La reforma política e institucional de la bicameralidad, en el mediano y largo plazo, no tendrá mayor impacto si la mayoría del sistema político no entiende que la condición del desarrollo nacional, de la reducción de pobreza y la prosperidad solo se producirán cuando el Estado, las leyes nacionales y los procedimientos estatales se pongan del lado de la promoción de la inversión privada. En este tema hay un asunto práctico, pero también uno ideológico. El sentido práctico nos indica que el sector privado provee más del 80% de los ingresos del Estado y provee más del 80% del empleo en los mercados formales e informales. Asimismo, todos los organismos multilaterales señalan que del total de reducción de la pobreza, el 80% se explica por la generación del empleo creado por el sector privado. Con esas cifras, el Estado debería ser un soldado de la inversión privada.
Si el Perú hoy se acerca a la terrible cifra de un tercio de pobreza solo se explica porque en la última década el Estado se burocratizó y se sobrerreguló a límites impensables hasta acabar con los principios desreguladores de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio. En este contexto, el crecimiento y la reducción de pobreza se lentificaron y luego se eligió a Pedro Castillo. El Estado, entonces, se volvió enemigo de la inversión privada y allí están los resultados: recesión y aumento de pobreza.
Desde el punto de vista ideológico, en la mayoría del sistema político se debería entender que el único sector que crea riqueza es el sector privado. Todos los países que han partido de este presupuesto han alcanzado el desarrollo, la prosperidad y la plena libertad de los trabajadores. Muy por el contrario, la historia nos enseña que allí donde se aceptó el criterio marxista acerca de que los empresarios “explotan y extraen plusvalía” se crearon las mayores fábricas de pobreza de la modernidad. En los países de la ex Unión Soviética se produjeron las mayores expropiaciones de la historia, pero las empresas estatales solo crearon pobreza.
Hoy, las migraciones de la humanidad se orientan hacia los países que legislan a favor del capitalismo y la inversión privada. Paradójicamente los migrantes huyen de sociedades donde las leyes proclaman los derechos de los trabajadores y demonizan al empresariado. Así sucede con los flujos de migraciones de los países latinoamericanos, del Medio Oriente y las demás sociedades subdesarrolladas.
Si las cosas son así, entonces, los partidos políticos y las élites nacionales del Perú deberían forjar un gran acuerdo nacional para acabar con el Estado burocrático, con el Estado enemigo de la inversión privada que las corrientes colectivistas y progresistas han construido en las últimas décadas. La idea de legislar a favor de “los derechos de los trabajadores”, al margen de la realidad de la economía y la productividad de las empresas, se ha convertido en el peor veneno contra el mundo del trabajo.
Los vástagos directos del Estado burocrático y sobrerregulado son la recesión, la falta de empleo, la informalidad y el inevitable aumento de la pobreza. Si hubo mayoría para detener la constituyente y el golpe fallido de Castillo, ¿por qué no se reforma el Estado burocrático y se destraban todas las fuerzas que bloquean a las iniciativas privadas y de la sociedad?
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