La ofensiva anti inversión en el Perú

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, acaba de señalar que el proyecto de cobre Tía María y el proyecto de irrigación agraria Majes Siguas II sumarán US$ 2000 millones de exportación para Arequipa. Igualmente ha señalado que ambos proyectos generarán 53,000 puestos de trabajo; es decir, nuevos empleos que beneficiarán al 10% de la población arequipeña. 

A la mención de ambos proyectos por el presidente del BCR se suma el hecho de que ni el Ejecutivo ni el Congreso parecen interesados en la ampliación de la vigencia de la ley N° 27360 (llamada ley de Promoción Agraria), que en los últimos 18 años ha posibilitado el incremento de las exportaciones agrarias a US$ 7,000 millones (en base a 600 productos que siguen los protocolos fitosanitarios de los principales mercados del mundo). Ante ello, uno podría llegar a preguntarse por qué todas las fuerzas parecen conjugarse en contra de la inversión privada, el motor principal del crecimiento y la reducción de pobreza en el Perú en las últimas décadas.

Pero no solo se trata de inversiones privadas estrictamente. Las asociaciones público privadas —alianzas entre los estados y el sector privado—, sistema de inversión fundamental con el que las naciones desarrolladas han cerrado brechas de infraestructuras, en el Perú parecen no funcionar o se demoran en extremo. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, acaba de señalar que la Línea 2 del Metro —un proyecto de US$ 5,000 millones—, vital para solucionar en parte el vía crucis del transporte en Lima, se ha demorado alrededor de diez años. Si a esta información le agregamos la virtual parálisis de las APP y la modalidad de inversión de obras por impuestos el panorama se complica en extremo. Ni qué decir de la caída de la inversión pública y la lentitud de la reconstrucción del norte.

En este contexto, poco a poco, la lentificación del crecimiento comienza a ser parte de una realidad que todos empezamos a aceptar. La resignación parece generalizarse, no obstante que si el Perú estuviese ejecutando su cartera de proyectos mineros (de US$ 60,000 millones) la pobreza no estaría sobre el 20% de la población, sino debajo del 15%. ¿Cómo entender esta especie de autodestrucción nacional con la que todos parecen congeniar? Hoy los economistas, por ejemplo, señalan que el Perú crecerá apenas sobre el 3% en el 2019, y todas las proyecciones se ajustan a la baja.

Si el Perú no logra tasas de crecimiento sobre el 4%, inevitablemente volverá a convertirse en una sociedad en que se administre o se aumente la pobreza existente (alrededor de seis millones de peruanos), porque para absorber la demanda de empleo de los 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía se necesita por los menos ese porcentaje de expansión económica.

En este portal tenemos una tesis para explicar esta situación: en el Perú la guerra ideológica la ha ganado largamente la izquierda anticapitalista. Los proyectos mineros se detienen o bloquean por las leyendas y mentiras sobre el medio ambiente que difunde la izquierda antisistema, y las asociaciones público privadas se paralizan porque la “lucha contra la corrupción” ha terminado devorándose el objetivo nacional de mantener la inversión. Un objetivo que han priorizado, por ejemplo, Colombia y todos los países predecibles afectados por el fenómeno Lava Jato.

El triunfo ideológico de la izquierda se expresa en la indolencia de los partidos del Congreso frente a la inversión privada. El Congreso desarrolla un pleno agrario, pero no se atreve a ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, a sabiendas de que los capitales agroindustriales empiezan a emigrar a Colombia, país que acaba de replicar el modelo de nuestra ley agraria. Y los medios de comunicación, sumergidos en la acción política contra un sector del país, igualmente se convierten en cajas de resonancia de los discursos anti inversión.